El momento de la votación del proyecto de ley. Foto: ALD Santa Cruz
La Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz sancionó la “Ley Departamental de Prevención, Coordinación Institucional y Atención de Contingencia ante los Bloqueos de Vías”, que establece mecanismos de prevención, un sistema de alertas y coordinación entre instituciones para atender situaciones de bloqueo en el departamento.
«El ciudadano tiene derecho a protestar, pero también tiene derecho a circular; el productor tiene derecho a reclamar, pero también tiene derecho a sacar su producción; y una persona que necesita llegar a un hospital tiene derecho a recibir atención sin que una carretera bloqueada no convierta en una barrera para salvar su vida», manifestó la proyectista María René Álvarez.
La ley establece tres fases centrales: prevención, coordinación interinstitucional y atención de contingencias. La primera prioriza el diálogo como mecanismo para atender conflictos y demandas sociales antes de que deriven en el cierre de vías.
“Las vías de diálogo ante demandas justas son las que deben imperar en todo momento”, señaló el asambleísta Bertino Ignacio Vargas, de acuerdo con un reporte de Red Uno.
La segunda fase contempla la coordinación entre instituciones ante una amenaza o la ejecución de un bloqueo. En este marco, la norma establece un sistema de alertas con distintos niveles, de acuerdo con el tipo de bloqueo registrado en las vías departamentales.
La tercera fase corresponde a la atención de contingencias y contempla medidas dentro de las competencias del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz. Vargas señaló que la normativa también permite aplicar sanciones administrativas en determinados casos, entre ellas la revocatoria de personalidad jurídica o de licencias de transporte.
«La protesta pacífica no está siendo, en ningún momento, penada, sancionada u obstruida por esta normativa departamental que se ha sancionado», manifestó el asambleísta Bertino Ignacio Vargas Salazar.
Vargas indicó que la ley está dirigida a situaciones que, según las autoridades, excedan el ejercicio del derecho a la protesta y afecten a la población. “Lo que no se va a permitir son los bloqueos criminales y con fines que están totalmente alejados de demandas sociales”, afirmó.
Finalmente, el legislador consideró que la discusión sobre las competencias departamentales en materia de seguridad debe continuar y planteó que, a futuro, será necesario revisar el marco constitucional para fortalecer las atribuciones de las gobernaciones.
