Captura de pantalla del video donde se ve al atacante usar el arma de fuego (derecha), Imagen mejorada con IA.
El intento de recuperar un predio reconocido legalmente como propiedad del Pueblo Indígena Movima terminó con un comunario herido por arma de fuego y denuncias de amedrentamiento en contra de dirigentes indígenas y personal del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS). El hecho ocurrió el fin de semana en la comunidad de Cotoca de Moseruna (Beni) cuando autoridades originarias exigieron a los ocupantes del terreno el cumplimiento de una orden de desalojo.
Luego de un proceso de saneamiento que se inició en 2011 y duró al menos 12 años, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) declaró al predio de nombre California como tierra fiscal, en vista de que sus ocupantes no lograron demostrar el derecho propietario ni el cumplimiento de la Función Económica Social (FES). Finalmente, en 2023 y mediante la Resolución Administrativa 038/2023, el INRA dispuso que el terreno de casi 4.600 hectáreas sea dotado a la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Movima.
Mary Leni Párraga, responsable regional del CEJIS, explicó que el proceso permitió establecer que la ocupación carecía de respaldo legal. Según detalló, los ocupantes alegaban que su familia se encontraba en el lugar desde 1987, pero no presentaron documentación que acreditara ese derecho ni demostraron el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa agraria.
“El INRA ingresa al área a sanear en 2011, realiza la mensura, recoge la documentación y analiza si se cumple o no con la FES. Para eso debes tener ganado, infraestructura y documentación que respalde el derecho propietario, lo cual no sucedió”, señaló Párraga en declaraciones a Sumando Voces.
La responsable del CEJIS indicó que, al no haberse demostrado un derecho propietario consolidado anterior a 1996, el INRA declaró ilegal la posesión y la tierra pasó a dominio fiscal. Posteriormente, «mediante el mecanismo de compensación fue dotada a la nación indígena» representada legalmente por la Subcentral del Pueblo Indígena Movima
“El derecho propietario ha sido consolidado por el INRA a favor de la TCO Movima. No puede haber doble titulación, solo existe un título y este está a nombre de la TCO Movima”, precisó.
Desalojo respaldado por decisiones indígenas
Después de obtener el reconocimiento de su derecho propietario, las autoridades indígenas iniciaron las gestiones para recuperar la posesión del terreno. Primero acudieron al INRA para solicitar la ejecución del desalojo, pero, de acuerdo con Párraga, la institución no pudo concretarlo por falta de personal y recursos, pese a que en 2024 había emitido una resolución administrativa que ordenaba la desocupación y notificado a los ocupantes, entre ellos Jorge Paz y Wilfredo Paz.
Ante la falta de cumplimiento del desalojo, la Subcentral del Pueblo Indígena Movima decidió recurrir a sus normas y procedimientos propios, en el marco de la jurisdicción indígena originaria campesina reconocida por la Constitución Política del Estado (CPE, artículos 191, 192 y 193).
La abogada explicó que la decisión fue adoptada en una reunión consultiva en la que participaron los corregidores de las 31 comunidades del pueblo Movima, un espacio orgánico de deliberación y toma de decisiones “que tiene rango de sentencia judicial”. Por ello, la resolución de desalojo fue comunicada a la Fiscalía, la Policía y al juzgado agroambiental.
“No es que ingresaron al área abusivamente. Se les notifica, se actúa en el marco de su jurisdicción indígena. Se cita en dos oportunidades al señor, pero no se hace presente”, afirmó.
Según expuso, los dirigentes acudieron al predio los días 27 y 28 de octubre con respaldo policial, lo que prueba la legalidad y legitimidad de su resolución. Una vez allí, otorgaron plazos para que los ocupantes se presentaran y cumplieran la determinación. El 31 de octubre regresaron, esta vez sin apoyo policial, aunque con la presencia de un notario de fe pública.
Miguel Rea, presidente de la Subcentral del Pueblo Indígena Movima, sostuvo que antes de tomar la decisión de recuperar el territorio agotaron las instancias correspondientes y exhibieron la documentación que respalda su propiedad.
“Nosotros presentamos nuestros documentos, pero él no presentó nada, no presentó título ejecutorial y por eso decidimos expulsarlo de nuestro territorio”, dijo en declaraciones al programa «Sin Concesiones con Mery Vaca» de radio Fides.
Para el pueblo Movima, la recuperación de estas 4.597 hectáreas no representa solo la posesión del predio, sino también la posibilidad de desarrollar sus actividades productivas y preservar sus espacios de vida.
Andrea Rodríguez, secretaria de Salud de la organización de mujeres Movimas, explicó que las comunidades producen plátano, yuca y otros alimentos que sostienen su economía familiar. En cambio, los ocupantes del predio se dedicaron a destruir extensas áreas de bosque, con el ingreso de maquinaria para actividades ligadas a ciudadanos menonitas.
Rea, por su parte, denunció que la deforestación afectó a decenas de especies de flora y fauna y que pone en riesgo la producción de fuentes de agua.
Disparos, un herido y siete armas encontradas
La demanda de desalojo terminó en violencia. Imágenes grabadas por los indígenas el 31 de octubre muestran que un hombre encapuchado aparece en medio de un grupo de personas y dispara un arma de fuego. Producto de este acto, el indigena Alfredo Zelada recibió un impacto de bala en un pie y fue trasladado a un centro de salud; aunque se encuentra estable, sus dirigentes aseguran que está “muy afectado” por lo ocurrido.
Rea relató que los comunarios retuvieron al hombre señalado como sicario hasta que llegara la Policía, y aunque admitió que las mujeres lo golpearon, no hubo mayores daños a su integridad.
El dirigente también informó que, durante una inspección encontraron siete armas de fuego en un pajonal, las cuales fueron posteriormente retiradas por los uniformados. “Si esas armas se hubieran usado, imagínese lo que habría pasado. Esa gente llevada con armas pone en riesgo nuestras vidas”, advirtió.
En declaraciones a la radio, Rodríguez explicó que las comunidades habían instalado un campamento en el lugar para acompañar el desalojo, pero después de los disparos, se retiraron. Actualmente, efectivos policiales resguardan el predio.
“Pedimos garantías para nosotros y los otros territorios. Venimos siendo amenazados por el señor Paz, nos sacan fotos y videos y, por tanto, exigimos al Gobierno que nos garantice nuestros derechos”, manifestó.
Dirigentes y personal del CEJIS denuncian amenazas
Dirigentes de la Subcentral Movima y personal del CEJIS denunciaron que, después de los hechos, fueron objeto de vigilancia, fotografías, grabaciones y seguimiento, lo que incrementó el temor por su seguridad.
En conferencia de prensa realizada este martes 3 de noviembre, Miguel Rea informó que
Párraga relató que el día de la aprehensión del hombre señalado como autor de los disparos, integrantes del equipo regional del CEJIS también fueron grabadas y fotografiadas. Incluso, cuando se encontraban en inmediaciones del comando policial, observaron que algunas personas las señalaban.
La situación, según denunció, se agravó cuando el hombre que disparó (identificado como Hernando Paz Vaca) pasó a cumplir detención domiciliaria.
“Hay más susto que nunca porque no hay garantías. El juez, lamentablemente, no consideró los riesgos que esto representa para los dirigentes indígenas”, indicó.
Jorge Paz cuestiona el procedimiento
Consultado por medios de comunicación acerca de los hechos del fin de semana, Jorge Paz sostuvo que existen dos partes involucradas y que el caso debería ser atendido por el Tribunal Agroambiental.
Afirmó que el 27 de octubre los indígenas ingresaron intempestivamente al que reclama como su predio y afectaron las actividades de quienes trabajan en el lugar.
“Tengo 12 trabajadores directos y otros cinco más con labores indirectas. Los han golpeado. El 27 me avasallan mi tierra, entran y rompen candados”, manifestó.
Paz también cuestionó que se atribuya a su entorno la responsabilidad por los disparos y aseguró que no se conoce quién los realizó.
De acuerdo con su versión, él posee la documentación que acredita la propiedad del predio y aseguró que ya presentó una denuncia ante la máxima autoridad del área, es decir, l Tribunal Agroambiental. Sin embargo, la responsable regional del CEJIS dijo que, hasta el momento, La TCO Movima no tenía conocimiento de que se hubiera notificado una demanda por este caso.
