¿Quién defiende a los defensores de la naturaleza?

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Editorial Sumando Voces

Los guardaparques Raúl Santa Cruz y Marcos Uzquiano están enfrentando un injusto juicio penal por difamación y calumnias instaurado por el minero cooperativista Ramiro Cuevas. Y lo están haciendo prácticamente en soledad porque el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), entidad para la que ambos servidores trabajan, ha guardado silencio y no los está defendiendo legalmente por considerar que es un “litigio privado”.

El hecho que suscitó el proceso ocurrió el 30 de marzo del año pasado, cuando el minero Cuevas intentó ingresar al parque Madidi con maquinaria y acompañado de ciudadanos chinos y bolivianos para explotar oro. Cuando llegó al punto de control, el guardaparque Santa Cruz le exigió su documentación ambiental para permitirle el paso, lo que provocó la ira de Cuevas. Según el testimonio de Santa Cruz, el minero profirió insultos, gritos y amenazas, generando una situación de mucha tensión.

En ese contexto, Santa Cruz le envió un mensaje a su colega y amigo, el también guardaparque Marcos Uzquiano, para pedirle ayuda. Uzquiano publicó los datos del hecho en su cuenta de Facebook, citando las iniciales del minero en cuestión, aunque sin señalar el nombre completo.

Durante la audiencia de juicio oral instaurada esta semana, el abogado defensor de Cuevas insistió en preguntar si los guardaparques llamaron “minero ilegal” o “ecocida” a Cuevas para sustentar su acusación de difamación, algo que fue negado por los acusados.

Como se puede advertir, el hecho que suscitó la denuncia ocurrió cuando los guardaparques estaban cumpliendo con sus funciones de resguardo de un área protegida y no estaban en actividades privadas. Por tanto, están acusados por cumplir con su deber, en dependencia directa del Sernap y en favor de la naturaleza y de la ciudadanía en su conjunto.

Por otro lado, resulta paradójico que el guardaparque Santa Cruz haya sido víctima de las agresiones del minero Cuevas y que ahora, como en el perfecto mundo del revés, sea el acusado ante la justicia.

También resulta inverosímil que el guardaparque Uzquiano esté siendo acusado por haber publicado un post de Facebook, en un país en el que supuestamente rige la libertad de expresión. Según el acusado, su publicación tenía el objetivo de pedir auxilio para proteger la vida de su compañero Santa Cruz y, si nos remitimos al Acuerdo de Escazú, que garantiza el libre acceso y difusión de información ambiental, entonces Uzquiano actuó correctamente.

De acuerdo al alegato del abogado defensor de los guardaparques, existe una resolución administrativa que establece que, ante la comisión de un ilícito en un área protegida, los guardaparques pueden aprehender a los responsables si es que estuvieran en flagrancia. Incluso, les faculta a decomisar bienes o a destruir los medios con los que se está cometiendo el delito. No hay que olvidar que el minero estaba ingresando con un convoy de maquinaria pesada.

Entre tanto, el reglamento general de áreas protegidas establece que los guardaparques controlan, vigilan, monitorean y conservan el patrimonio nacional, lo que significa que los guardaparques desempeñan un papel fundamental en la preservación de las áreas protegidas, contribuyendo a dotar de un medio ambiente sano para las actuales y las futuras generaciones.

Pero, no sólo las normas nacionales protegen a los guardaparques, también lo hacen instrumentos internacionales como el Acuerdo de Escazú, que fue ratificado por Bolivia y que, en su artículo 8 dice que “cada parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad”.

Agrega que “cada Parte tomará las medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover todos los derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, incluidos su derecho a la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión, derecho de reunión y asociación pacíficas”.

El mismo acuerdo señala que “cada Parte tomará medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan sufrir en el ejercicio de los derechos contemplados en el presente Acuerdo”.

Este conjunto de normas habla de proteger a los defensores de la naturaleza, entre los que se encuentran los guardaparques Santa Cruz y Uzquiano. En ningún caso hablan de acusarlos, atacarlos o de dejarlos librados a su suerte.

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