Editorial Sumando Voces
La asonada militar de 26 de junio y la crisis económica han elevado la tensión política y social en los últimos días y, como consecuencia, el país vive un resquebrajamiento de los derechos, garantías y libertades.
En ese marco se están ejecutando una serie de detenciones y acciones penales contra actores que supuestamente participaron de la toma militar y aquellos que, en criterio del gobierno, contribuyen a profundizar la situación de crisis económica.
En el caso de la toma militar, ha sido detenido en las últimas horas el presidente de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (Cidhpda), Fernando Hamdan, quien ha sido trasladado a La Paz y luego enviado a la cárcel de San Pedro.
Pese a que fue acusado de terrorismo y alzamiento armado, en la imputación el único hecho fáctico que se describe es una reunión que Hamdan sostuvo con el excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, quien fue el líder de la asonada militar; aunque el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, en entrevista con medios de comunicación, dio a conocer otros supuestos nexos del acusado con Zúñiga
Pero, más allá del motivo de la imputación, que no es la razón de ser de este editorial, lo cierto es que los derechos de este ciudadano han sido vulnerados porque fue exhibido ante la prensa sin que se respete el principio de inocencia, práctica que se ha hecho común desde el Ministerio de Gobierno. Por otro lado, se ha impedido que la Defensoría del Pueblo, a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, ingrese a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) para verificar el cumplimiento del debido proceso, pese a que, por norma debería tener acceso irrestricto a cualquier lugar de detención, incluidas celdas policiales. Y, finalmente, como ya se ha convertido en una regla en vez de una excepción, el acusado fue enviado a la cárcel con detención preventiva por 6 meses, el plazo máximo permitido.
Similar situación atraviesan los demás acusados, entre ellos varios militares y el supuesto ideólogo del movimiento militar, Aníbal Aguilar, a quien se le revocó la detención domiciliaria para que vaya a prisión.
En paralelo, el Banco Central de Bolivia anunció el inicio de juicios penales contra aquellos que hubieran informado sobre la supuesta emisión inorgánica de dinero porque, según dijo, lo que está haciendo el Banco es reponer los billetes deteriorados.
En ese marco, ha sido acusado de delitos financieros el integrante de la agrupación política El Bunker, Virginio Lema.
Ante este y otros casos, las asociaciones de periodistas y otras organizaciones de la sociedad civil han levantado su voz porque consideran que se ahonda la persecución y se pone en riesgo la libertad de expresión en Bolivia.
Pero, no son los únicos casos. La semana pasada, el Viceministerio de Defensa del Consumidor también informó que fueron detenidos 20 comerciantes por elevar los precios de algunos productos, entre ellos el arroz, sin justificativo alguno, tal como sucedió hace un año con los librecambistas que fueron aprehendidos por elevar el precio del dólar.
Sin embargo, no hay que perder de vista que este escenario ha sido provocado por el propio Gobierno y sus instituciones. Las señales de la crisis económica empezaron a manifestarse el 2015, cuando comenzaron a caer las reservas internacionales, pero la carencia se profundizó en el gobierno de Luis Arce, cuando desaparecieron los dólares del mercado, dando paso a un tipo de cambio paralelo y a la consiguiente elevación de los precios.
Incluso, la historia de la asonada militar parece tener su correlato en la crisis económica. Por tanto, la crispación del momento, que intenta ser contenida con detenciones y juicios penales, tiene su origen en la inacción gubernamental frente a la crisis.
Lo mínimo que se esperaría, entonces, es el cumplimiento del debido proceso, el respeto a las libertades y la garantía de los derechos humanos, conforme a la normativa vigente, los pactos y convenios firmados y ratificados por Bolivia, para no exponer a nuestro país a sanciones como las aplicadas por el caso del “Hotel las Américas”.
Más allá de quiénes sean los acusados y a qué ideologías propugnen, lo importante es que se garanticen sus derechos, como a cualquier otro ciudadano o ciudadana. Sin embargo, las señales van en el sentido opuesto y eso no pude dejar de alarmarnos.
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