Editorial Sumando Voces
La radio yungueña FM Bolivia, un medio que informó con detalle el conflicto que enfrentó al Gobierno con los cocaleros de Los Yungas por la instalación de un mercado paralelo de hoja de coca en La Paz, decidió la semana pasada cerrar sus emisiones en el éter y mantener sus servicios informativos en las redes sociales
Este medio viene sufriendo un acoso sistemático, que incluye el asalto de sus oficinas por parte de encapuchados, el cierre arbitrario de sus puertas por supuesto adeudo de alquileres, la suspensión de su licencia en agosto del año pasado por parte de la Autoridad de Transportes y Telecomunicaciones (ATT), aunque la medida luego fue revocada, y la emisión de una multa de aproximadamente 3 mil dólares por parte de la misma ATT emitida este febrero. El argumento es que la señal de esta radio excedió en unos kilómetros el alcance permitido.
Para un medio pequeño, una multa de esa cantidad implica una asfixia difícil de remontar. Por eso, el director del medio, Galo Hubner Mamani, levantó las manos.
Esta decisión se produce luego de que el Índice Chapultepec 2023 indicara que Bolivia ha caído de una “parcial restricción a una alta restricción” de la libertad de expresión, tras el cierre del periódico Página Siete, las agresiones físicas a periodistas durante las coberturas, la judicialización de casos y el ciberacoso.
En la tabla comparativa ha caído del puesto 16 al puesto 18 entre los 22 países analizados, con una puntuación de 33,88 frente al 42,72 que obtuvo el año anterior. Debajo de Bolivia sólo se encuentran Guatemala, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Estos tres últimos países, según el índice, no tienen libertad de expresión.
Si bien el actual Gobierno ha bajado la retórica altisonante en comparación a la anterior gestión del MAS, se hace evidente una estrategia de presión y asfixia contra los medios independientes.
Al margen del consabido uso de la publicidad estatal para disciplinar a los medios críticos al poder, hay instituciones que se prestan a esta estrategia de presión, como Impuestos Nacionales y ahora también la ATT.
Cabe recordar que la Declaración de Principios sobre libertad de expresión de la CIDH, en su artículo 13, indica que “La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley”.
Agrega que “los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión”.
La libertad de expresión es un derecho que, a su vez, garantiza la exigibilidad de otros derechos, por eso, es de vital importancia defenderlo para garantizar una democracia saludable.
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