ANF
Ante las constantes muertes en los centros carcelarios por la ausencia de un control efectivo por parte de las autoridades de Régimen Penitenciario, activistas y exautoridades pidieron la intervención de otros órganos del Estado para detener la “pena de muerte” establecida en los recintos.
En los últimos cuatro años 224 personas privadas de libertad bajo custodia del Estado fallecieron en las cárceles del país por diferentes motivos y sin que exista alguna política para cambiar esta realidad.
En lo que va del año la cifra de muertes en cárceles aún no fue dada a conocer de forma oficial, pero el 18 de septiembre se conoció que un interno fue muerto apuñalado en el penal de San Pedro. El director de Régimen Penitenciario Juan Carlos Limpias declaró que se investiga si el hecho fue “casual o planificado”. Los internos de San Pedro informaron a ANF que en realidad fallecieron tres personas, otros dos resultados de las heridas. El sábado se conoció que otro recluso fue asesinado en el penal de Chonchocoro, por lo que son al menos cuatro muertos solo en ese recinto en lo que va del año.
“Las autoridades del Ejecutivo, del Legislativo y Judicial deben preocuparse porque son vidas humanas, no son corderos ni son llamas, son seres humanos, entonces cuando la instancia administrativa (Dirección de Régimen Penitenciario) no puede resolver, su ministro o el mismo Presidente del Estado debe preocuparse y ver la forma de dar mayor protección a estos grupos vulnerables que hay en cárceles, grupos vulnerables quiere decir preventivos, personas primerizas”, dijo Llanos a ANF.
Agregó que, si el Ejecutivo no puede hacerlo, tiene que intervenir el Legislativo con leyes para liberar a esas personas y evitar que mueran, como parte de la cooperación que existe entre órganos del Estado. Y si el órgano Legislativo no puede intervenir, lo debe hacer el órgano Judicial.
“El Judicial tiene que pedir una acción de cumplimiento de las normas en materia penitenciaria o tiene que pedir que se clasifiquen o tiene que sacar una recomendación para que se cumplan las normas que se tienen en Bolivia, a fin de que no se den estos hechos, y les de plazos incluso para construir cárceles, para contratar personal civil, para reformar la ley, entonces, todos tienen que actuar”, enfatizó el también exdirector de Régimen Penitenciario.
El activista de derechos humanos David Inca identificó la responsabilidad del Estado en todas las muertes en las cárceles, incluso en los casos llamados de “muerte natural”, que ocurren debido a las deplorables condiciones de infraestructura y salud que se mantiene en los recintos.
Las muertes de los internos no tienen ningún valor, dijo, y eso se evidencia en que no existe ninguna ley específica para resarcir en estos casos, ni se fomenta la búsqueda de la verdad, pese a que el Comité contra la Tortura lo pidió en 2019.
“No hay una normativa ahorita sobre el tema de resarcimientos, reparación sobre estos hechos, si bien la Constitución lo nombra como derecho a la indemnización, a la reparación, no hay una ley específica para esos casos, no hay una resolución ministerial, no hay un decreto supremo, tampoco hay una ley por la cual Régimen Penitenciario o el juez pueda sacar una sentencia a favor”, dijo Inca a ANF.
Aclaró que, si bien en la Constitución se nombra el tema de la reparación y de la indemnización, solamente se queda en eso, en una buena intención como derecho, pero “hasta la fecha no ha habido, que yo sepa, ninguna causa, ningún proceso, que haya llegado a buen término para la reparación o la indemnización” de una persona que haya muerto en los centros penitenciarios.
Llanos dijo al respecto que tampoco conoce casos en los que personas que hayan pasado hasta cinco años presas y hayan salido absueltas con secuelas graves por su encarcelamiento hayan iniciado algún proceso por resarcimiento.
“En esos cinco años han perdido un ojo, han perdido alguna parte de su organismo, o han sido afectados, torturados, les han esquilmado el dinero, entonces cuando se abre la puerta se persignan y nunca más quieren volver a ese lugar, se olvidan del proceso (de resarcimiento), eso está sucediendo, no exigimos nuestros derechos y menos los privados de libertad”, señaló.
Dijo que como víctimas tendrían que dar un poder a un grupo de abogados y actuar conjuntamente con la Defensoría del Pueblo e instituciones de Derechos Humanos para buscar justicia, “pero como todos tienen miedo nadie protege a estos sectores vulnerables, pero alguien se debería animar a unir todas estas demandas e iniciar procesos al Estado por la muerte de estas personas”.
Remarcó que el Estado es el responsable de estas muertes y “habrá algún abogado que se anime a iniciar los procesos por las muertes de estas personas, porque el Estado tiene que responder por estas muertes que se dan”.
Llanos dijo que “no podemos hacer que la gente muera en cárceles”, las muertes en cárceles “significa el descontrol, la falta de reglamento, el estado de facto que se vive en las cárceles debido a la falta de normativas que regulen las relaciones entre la autoridad policial y los privados de libertad, para evitar que, en los hechos, aunque no lo diga la ley, la pena de muerte”.
Los casos de muertes en las cárceles son los que se conocen a nivel oficial, indicó, pero existe un subregistro que se da por “caídas de las barandas, salidas a los hospitales con TEC (traumatismo encéfalo craneano), las diferentes muertes por golpes, vejación y torturas que no se saben”.
