Las personas con discapacidad (PcD) de diversos departamentos de Bolivia solicitaron, en un encuentro nacional desarrollado el 5 de abril, que las autoridades asuman acciones concretas para lograr una educación de calidad para este sector de la sociedad. El evento fue organizado por el Comité Nacional de Personas con Discapacidad (Conalpedis) y contó con la presencia de autoridades nacionales, como la viceministra de Educación Alternativa y Especial, Viviana Mamani; funcionarios del Conalpedis, encabezados por Javier Salguero; y una representante de la Defensoría del Pueblo. En la ocasión, fue socializada la Política de Educación Inclusiva, que previamente fue elaborada por el sector.
La demanda de educación abarca a todos los niveles, incluido el superior, como las universidades y los institutos, con docentes capacitados, infraestructura accesible, además de materiales y herramientas adecuadas para garantizar una educación equitativa y efectiva.
Desafío asumido por el Comité Nacional de Educación de PcD
El Comité Nacional de Educación de las personas con discapacidad, junto a la dirigencia de las cinco federaciones del sector, tiene el compromiso de trabajar la formulación de una Política de Educación Inclusiva, que responda a lo manifestado por los y las participantes, de cara a un Congreso Nacional de Educación.
“No hay infraestructura adecuada en la Universidad o en instituciones, no hay señalizaciones, no hay ascensores, tampoco (hay letreros) en braille, no se usa un diseño universal de discapacidad para construir esos ambientes”, sostuvo Sergio Ramírez, de la Federación Nacional de Ciegos Bolivia (Fenaciebo).
Ramírez, quien tiene discapacidad visual parcial, contó que en su caso es difícil el aprendizaje, pues muchos docentes se limitan a enviar documentos en PDF a sus estudiantes, dejando de lado a las personas ciegas que no podrán acceder a esa información. La situación se repite en las bibliotecas, donde hay una gran cantidad de libros, tesis y otro tipo de investigaciones que no son traducidas al braille, por lo tanto, no son accesibles para las personas ciegas.
Las PcD solicitaron que se garantice el ingreso libre a las carreras universitarias y a los institutos superiores de maestros. Asimismo, exigieron la otorgación de becas estudiantiles, pues muchos jóvenes con discapacidad son de escasos recursos y no pueden costear la totalidad de sus estudios.
En su momento, el director del Conalpedis, Javier Salgueiro, reconoció que hay falencias en el sistema educativo del nivel superior y aseguró que trabajarán para subsanarlas. “Hay falencias, siempre va a haber, no sólo en Bolivia, sino en todos los países, porque la discapacidad va evolucionando, no es estática (…) pero estamos trabajando en la accesibilidad en base a un informe de la Defensoría del Pueblo y también en el ingreso libre a las universidades, solamente que muchas personas no saben ese beneficio y deciden no ir a la Universidad”, dijo.
Otro de los reclamos que se evidenció durante el evento es que las PcD no están informadas sobre las becas que ofrece el Ministerio de Educación, o se informan tarde, cuando ya no es posible acceder a ellas.
En ese sentido, Salgueiro dijo: “Como 300 becas han sido (dispuestas) este año, el año pasado han sido 200 becas, está subiendo cada año, pero se presentan 20 personas (…) Yo voy a evaluar esto con los dirigentes nacionales y tal vez va a haber una llamada de atención para que informen a sus bases”, puntualizó.
Presentación de la política pública
Durante el evento, el Programa Urbano de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS) y el Consejo Ciudadano de Personas con Discapacidad (CCPCD) presentaron la propuesta de “Política Pública en Educación Inclusiva para las personas con discapacidad, desde un enfoque de género y prevención de violencias”, cuya finalidad es generar iniciativas que atiendan problemas estructurales que impiden la educación inclusiva.
La propuesta nace de una construcción participativa de organizaciones de personas con discapacidad, de cuidadores/as y autoridades que se involucraron aportando con iniciativas dirigidas a superar las barreras que impiden a este sector la participación y el acceso a una educación inclusiva de calidad, sin discriminación ni violencia.
De acuerdo con el informe presentado por la Defensoría del Pueblo, de las 90.631 personas con discapacidad que hay en Bolivia (registradas en el SIPRUNPCD), 27.025 (30%) no tienen ningún grado de instrucción educativa; 31.507 (35%) cursaron el nivel primario; escasamente 13.310 (15%) llegaron a secundaria, tan solo 3.625 (4%) cuentan con formación técnica y apenas 2.718 (3%) alcanzó estudios universitarios.
Además, se identificó que de 39 unidades educativas fiscales y de convenio, el 90% no dispone de materiales didácticos ni de aprendizajes en formatos y lenguajes accesibles, así también, algunos colegios carecen de rampas de acceso a pisos superiores que sólo son accesibles a través de gradas.
A raíz de esta situación que, a través de la propuesta de política pública, se busca implementar formatos accesibles para las personas con discapacidad en los procesos de inscripción y matriculación; crear comisiones pedagógicas inclusivas en cada Unidad Educativa; crear programas de capacitación y actualización permanente de maestras/os los que incluyan un proceso de acompañamiento a su práctica educativa, entre otras iniciativas.
La elaboración de la propuesta fue posible en el marco del proyecto “Dignidad Humana, en el ámbito educativo para las personas con discapacidad, en ciudades incluyentes, accesibles y sin violencia de género” como “Ciudades Inclusivas”; ejecutado por el Programa Urbano de UNITAS con el apoyo del Fondo de Canadá para Iniciativas Locales (CFLI) en Bolivia.
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