A la izquierda, Nadia en el inicio de su vida profesional. A la derecha, el acusado aprehendido este sábado (Foto: ANF).
Diversas organizaciones de la sociedad civil y asociaciones de periodistas expresaron su indignación por la muerte de una joven periodista que se quitó la vida luego de haber sido violada y no haber encontrado justicia.
Se trata de Nadia A., una joven profesional de 25 años que, según la denuncia ante la Fiscalía, fue violada en septiembre del año pasado por Álvaro V., un fotoperiodista que poco antes había sido su compañero de trabajo en un periódico de La Paz.
La hermana de Nadia relató que existe un audio de Álvaro, en el que intenta sobornar a la familia, justifica su crimen indicando que “la carne es débil” y reconoce que sobornó a investigadores y operadores judiciales para evitar su encarcelamiento.
De hecho, el fotoperiodista permaneció en libertad hasta este sábado, cuando, luego de la indignación generada en comunicados, medios y redes sociales, fue aprehendido por las autoridades, según información difundida por ANF.
Las organizaciones de la sociedad civil piden justicia para Nadia, pero también exigen que se sancione drásticamente a los operadores del sistema que, en vez de procesar la denuncia de Nadia, la revictimizaron al culparla de lo sucedido, indicándole que no logrará nada porque “no hay sangre”, “no hay muerta”.
“La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y el Círculo de Mujeres Periodistas de La Paz, exigimos justicia y la aplicación de sanciones para las y los servidores públicos que menospreciaron la vida y dignidad de la periodista”, señala el comunicado de estas dos organizaciones.
Entre tanto, la articulación Alerta 348 conformada por organizaciones y activistas defensoras del derecho a una vida libre de violencia en todo el país, levantaron su voz “frente a la violencia sexual y la violencia institucional sufrida por Nadia, una joven que fue agredida sexualmente por quien consideraba su amigo”.
En ese marco, exigen al Ministerio Público, la Policía y el Órgano Judicial “realizar una investigación exhaustiva y oportuna de la denuncia hasta su conclusión con una sentencia contra el agresor y la reparación integral a la familia”.
Asimismo, piden “investigar las denuncias de incumplimiento de deberes de protección, soborno y otros en los que podrían haber incurrido quienes conocieron el caso y tuvieron contacto con Nadia e iniciar las acciones que correspondan imponiédose las sanciones penales y disciplinarias que correspondan”.
En la misma línea, las asociaciones de periodistas, piden a las autoridades judiciales y policiales “reconocer su responsabilidad en la muerte de Nadia, cuyo peregrinaje por justicia se convirtió en un camino hacia el suicidio por la falta de respuestas”.
Las organizaciones gremiales identifican a la Suboficial Sgto. 2do Delia Delmira Parra Yapita, a quien acusan de haber revictimizado a Nadia al haber señalado que la denuncia “no procedería porque es su culpa”.
También señalan al fiscal Luis Alberto Bayón porque “incurrió en grave negligencia al dilatar la imputación del presunto violador y soslayar la verificación de pruebas, por tanto, no actuó en el marco de las funciones que establece la ley 260 que exige garantizar justicia a las víctimas”.
Los periodistas agremiados exigen “sancionar sin excusas ni dilaciones y con todo el rigor de la ley a quienes le negaron protección exponiéndola a mayor riesgo y menospreciando su vida”.
Agregan que “Estos hechos reflejan un sistema judicial que normaliza la violencia de género, incluso en instancias creadas para proteger a las mujeres. La Ley 348, diseñada para evitar la revictimización, fue desacatada por quienes debían aplicarla, mientras que el Artículo 303 del Código Penal —que castiga el trato cruel— quedó en letra muerta ante la indolencia de autoridades responsables de proteger los derechos humanos”.
Las organizaciones denuncian “que el suicidio de Nadia es el resultado directo de un sistema que convierte la búsqueda de justicia en un peregrinaje indigno, donde la vida de las mujeres se trunca por la indolencia de servidores públicos”.
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