Agresión al camarógrafo de DTV, Kevin Mollinedo. Foto: APG
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y las asociaciones departamentales de periodistas exigieron el cese inmediato de la impunidad frente a las agresiones contra trabajadores de la prensa y demandaron al Gobierno garantizar la seguridad de las coberturas informativas, tras los ataques registrados durante las movilizaciones sociales en La Paz.
“No se puede permitir un ataque más. Exigimos justicia y sanciones penales para todas las agresiones cometidas contra los trabajadores de los medios”, señala el pronunciamiento difundido ayer viernes. Las organizaciones también reclamaron que las autoridades “cumplan de una vez por todas con su obligación constitucional de proteger la vida de los periodistas y garantizar la seguridad de la cobertura periodística”.
El reclamo surge luego de que al menos dos trabajadores de la prensa resultaran heridos durante la cobertura de protestas y bloqueos en la sede de gobierno. Un corresponsal internacional sufrió lesiones por la explosión de un petardo en la mano y otro camarógrafo fue golpeado por la espalda. Además, varios trabajadores de la prensa denunciaron agresiones físicas, amenazas y ataques con palos y piedras.
La organización alertó que el clima de hostilidad obligó a algunos periodistas a ocultar sus acreditaciones e incluso a abandonar las calles por temor a ser reconocidos y agredidos. También denunció que los ataques buscan silenciar a los medios de comunicación y restringir el derecho de la población a estar informada.
El comunicado cita datos de la Unidad de Monitoreo de la Asociación Nacional de la Prensa y de Reporteros Sin Fronteras, que registraron 14 vulneraciones graves contra periodistas entre el 12 y el 18 de mayo, entre ellas golpizas, ataques con explosivos, destrucción de equipos, amenazas de linchamiento e intentos de detención policial.
Las organizaciones periodísticas también demandaron garantías gubernamentales para asegurar la cobertura informativa en medio de los 22 días de movilizaciones y bloqueos que afectan a La Paz y El Alto, donde persisten los conflictos y la tensión social.
