Defensores de Tariquía. Foto: RRSS
La Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap) denunció este 23 de marzo una supuesta política extractiva impulsada por el gobierno de Rodrigo Paz, a la que acusa de vulnerar derechos humanos y favorecer intereses petroleros en áreas protegidas como la Reserva de Flora y Fauna Tariquía, en el departamento de Tarija.
«La política extractivista de los gobiernos no respeta la Constitución Política del Estado, los convenios internacionales para la consulta previa, libre e informada y, por el contrario, fragua flagrantemente documentos como el Plan de Manejo de la Reserva de Flora y Fauna Tariquía, a través de instancias estatales como el Sernap, para posibilitar cuatro contratos para exploraciones petroleras», señala el pronunciamiento público de la Contiocap.
La organización alertó, además, sobre procesos penales iniciados contra mujeres y hombres que defienden ese territorio, a quienes considera víctimas de criminalización por oponerse a proyectos de exploración hidrocarburífera. Según el documento, estas acciones se enmarcan en decisiones estatales que priorizarían la explotación de recursos naturales por encima de la protección ambiental y de los derechos de los pueblos indígenas.
El pronunciamiento también cuestiona los vínculos del Gobierno con empresas petroleras, en particular con la brasileña Petrobras y la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), a las que acusa de impulsar actividades que afectarían la reserva. Asimismo, observa la participación de empresarios del sector privado en gestiones internacionales, señalando que estas iniciativas podrían comprometer recursos naturales del país.
En ese contexto, la organización sostiene que las políticas actuales no respetan la Constitución ni los mecanismos de consulta previa, libre e informada para pueblos indígenas. También advierte sobre posibles incumplimientos de acuerdos internacionales en materia de derechos humanos y protección de defensores ambientales.
Entre sus demandas, Contiocap exige al Ministerio Público y a las autoridades judiciales frenar los procesos penales contra los defensores de Tariquía. Además, pide al Ejecutivo garantizar el respeto a las áreas protegidas, cumplir con la normativa vigente y detener cualquier forma de violencia —física, psicológica o económica— contra quienes resguardan estos territorios.
«Exigimos al gobierno de Rodrigo Paz que respete el Acuerdo de Escazú y la Recomendación General 39 sobre los Derechos de las Mujeres y Niñas Indígenas de la CEDAW contra toda forma de violencia estructural y discriminación, y detener la violencia psicológica, física y económica a las defensoras de Tariquía», agrega el pronunciamiento.
Finalmente, la organización hizo un llamado a la Defensoría del Pueblo y a instancias internacionales para que observen la situación en Bolivia, al considerar que se estarían vulnerando derechos de pueblos indígenas y de personas defensoras del medio ambiente.
Aquí puede leer el pronunciamiento completo:
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