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Las mujeres indígenas de la CNAMIB, reunidas en una Asamblea Consultiva, analizaron durante tres jornadas la situación de los territorios indígenas en el contexto de incendios, pérdida de fauna y sequía. En una declaración identificaron a los grandes propietarios como causantes de los incendios, y a los interculturales, como responsables de la deforestación, además expresaron su temor de que falten alimentos en sus familias, en próximas semanas y meses, debido a la quema de sus parcelas en los incendios.
La Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB), en ocasión de celebrar sus 16 años de vida orgánica, en el marco de su Asamblea Consultiva 2023, se declaró en emergencia y emitió el pronunciamiento “Extractivismo y crisis climática, impactos sobre los territorios indígenas y los derechos humanos de las mujeres indígenas de tierras bajas de Bolivia”.
La actividad realizada en Santa Cruz de la Sierra concentró a representantes de varias organizaciones de mujeres indígenas a nivel regional y territorial, que no solo discutieron sus problemáticas, sino que además tuvieron tiempo para confraternizar, intercambiar artesanías, escuchar a lideresas históricas y atender a sus invitados.
En rueda de prensa, Wilma Mendoza, presidenta de la CNAMIB, dijo que las pérdidas en los territorios indígenas son irreparables. “Queremos hacer escuchar la voz de nuestros pueblos y de otros seres de la naturaleza… Tenemos grandes pérdidas y daños. ¡Quién nos repara esas pérdidas!, se ha perdido bastante superficie de sembradíos. ¿Ahora qué va a ser de esa familia que ha perdido parcelas?, que son fuente de ingreso económico, pero también de alimentación. La alimentación está insegura”, comentó.
“Los incendios son debido a los grandes empresarios que desmotan, (igual que) los menonitas y los ganaderos. Ellos hacen desmonte y empiezan a quemar sus cordones (amontonamiento de árboles derrivados y maleza). Así empieza el incendio y se va a nuestro territorio”, dijo Rosa Páchuri, dirigente chiquitana miembro del directorio de la CNAMIB.
La Asamblea Consultiva también exigió la abrogación de las normas permisivas de los incendios en tierras bajas, como la Ley 741, que permite quemas si autorización de hasta 20 ha. Además pidieron al gobierno la declaratoria de desastre ambiental para que se pueda canalizar atención de emergencia a las comunidades alejadas y afectadas, pero sin intermediarios.
Rosa Páchuri fue enfática: “De aquí a unos meses vamos a sufrir debido a que no vamos a tener los alimentos en nuestro territorio porque todos los sembradíos que había en el chaco (parcela) se han quemado. La sequía, que (hay) justamente debido a estos desmontes sin control que hacen los grandes empresarios y los ganaderos, nos está afectando muchísimo”.
A su turno, Margarita Lurisi, del pueblo tacana, también señaló la amenaza de campesinos interculturales sobre sus territorios y la distribución de esas tierras por falsos dirigentes en afanes personales. “Eso se hace bajo la protección del gobierno que otorga titulación y luego estos (títulos) son negociados”, dijo.
Los pueblos con avasallamientos que identifica la CNAMIB son Guarayos, Yotaú, Cachuela, El Puente, Ascención, Urubichá, San Javier, Concepción, San Rafael, San José, Roboré y el Territorio Movima, entre otros territorios que se encuentran bajo una situación de inseguridad jurídica por las presiones y amenazas que representan el tráfico de tierras, la ampliación de la frontera agrícola y la presencia de actividades de explotación y exploración de minerales e hidrocarburos.
Ante esta situación de avasallamientos y otro tipo de atentados en territorios indígenas, Wilma Mendoza comentó que como mujeres no tienen otra opción que “aplicar al justicia indígena”.
