Foto: A la izq. el viceministro Yamil García; a la der. las instalaciones de YPFB y ANH. Composición Sumando Voces
Con información de Erbol
Según la autoridad, los casos están siendo clasificados de acuerdo con su gravedad y recurrencia, con el fin de concentrar los esfuerzos investigativos en aquellas instituciones donde se detectan mayores indicios de irregularidades. En ese contexto, el sector de hidrocarburos aparece como el más comprometido.
En una entrevista con el programa Hagamos Democracia de la red Erbol, García explicó que el volumen de denuncias revela que la corrupción se habría consolidado durante años en distintos niveles del aparato estatal, generando prácticas de prebendalismo y enriquecimiento ilícito.
Entre las entidades con más reportes figuran Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). El viceministro citó el caso de un exdirector de contrataciones de una empresa estatal que, en solo tres años, incrementó su patrimonio en cerca de 15 millones de bolivianos, motivo por el cual varios de sus bienes y vehículos ya fueron objeto de anotación preventiva.
En el caso de la ANH, señaló que además de las denuncias presentadas, existen indicios de enriquecimiento de exdirectivos, lo que refuerza las sospechas sobre el manejo irregular de recursos en esa institución.
Otras entidades con un número significativo de denuncias son la Caja Nacional de Salud, instancias bajo tuición de los ministerios de Economía y Defensa, así como gobiernos subnacionales, donde se reportaron presuntos cobros irregulares y extorsiones en algunos municipios.
García remarcó que, una vez se cuente con resultados preliminares, se activarán los procesos penales y administrativos correspondientes, precisando que las investigaciones se sustentan en daño económico verificable y no constituyen persecución política.
Finalmente, informó que la Comisión de la Verdad que indaga el caso Botrading amplió su trabajo mediante un rastreo de inteligencia financiera para identificar a los funcionarios involucrados y determinar el destino de los recursos públicos, con el objetivo de recuperar bienes en favor del Estado además de sancionar a los responsables.
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