Edwin Fernández, presidente de Conamype, en su taller de confecciones de El Alto. Fotos: Jorge Quispe.
Jorge Quispe, Sumando Voces
Durante 51 días, las ferias de El Alto perdieron el bullicio que las caracteriza, miles de talleres apagaron sus máquinas y el comercio informal —del que viven ocho de cada diez alteños— quedó paralizado. Meses después de la crisis, los testimonios y las cifras coinciden en una misma conclusión: cuando el diálogo fracasa, el costo termina recayendo sobre quienes viven de su trabajo diario.
En esta ciudad, reconocida como «la capital de los gremiales», operan más de 44.000 unidades productivas, cada una garantizando el sustento de al menos 14 personas y sus familias. Por ello, el eco de sus calles y grandes avenidas vacías sin ferias y máquinas detenidas de sus talleres han dejado una lección amarga.
«Todo paro es fatal», resume con crudeza Verónica Sánchez, madre de tres hijos y comerciante de ropa usada. En cuatro palabras resume lo que significó la paralización para miles de familias que dependen de vender cada día para llevar comida a casa.
Las cifras detrás de este estancamiento revelan una crisis estructural profunda. Según Edwin Fernández, presidente de Conamype (Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa de Bolivia), los 51 días de protesta obligaron al cierre definitivo del 15% de las 44 mil unidades productivas (unos 6.600 talleres). Quienes lograron resistir lo hicieron a un costo altísimo: el 80% de los emprendimientos (35.200 talleres) tuvieron que despedir a sus empleados ante la asfixia económica.
Las 44 mil unidades productivas dan empleo, en el mejor de los casos, a unas 616.000 personas, más del 60% de toda la población alteña. Otro tanto son comerciantes minoristas que venden en las centenares de ferias zonales, entre ellas la más grande de Bolivia, la Feria de la 16 de Julio, explica.
El Alto es considerada la «capital de los gremiales» y los emprendimientos de la pequeña y mediana empresa. El libro «El sector informal en Bolivia» del Cedla (Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario) sostiene que la falta de empleo digno y la precariedad estructural fomentaron un mercado laboral informal caracterizado por la baja productividad y la ausencia de derechos.
El quiebre de la complementariedad nacional
Los bloqueos demostraron hasta qué punto la economía boliviana funciona como una cadena de interdependencia. Cuando El Alto dejó de producir y distribuir textiles, el oriente sintió la escasez; del mismo modo que el occidente había sufrido semanas antes por la interrupción del abastecimiento de alimentos provenientes de Santa Cruz.
La masiva producción de confección de ropa de invierno y la mercadería clave elaborada para el Día de la Madre quedaron estancadas. Las ferias no se activaron en su totalidad, por la falta de productos, pero también por el temor al saqueo.
«Nos han arruinado. Por ejemplo, en la temporada de mayo, que es fuerte y que mueve mucha economía a nivel nacional por el 27 de mayo, Día de la Madre», lamenta Fernández.
En Bolivia, según datos de Conamype, hay unas 900.000 unidades productivas registradas que aportan un 5% al Producto Interno Bruto. Al no poder despachar estos productos a Santa Cruz, los artesanos del occidente del país no recuperaron su inversión. «El pequeño empresario se queda con esa mercadería estocada y, ¿cómo va a operar para la siguiente estación que es primavera? No tiene su capital», explica el dirigente desde su taller de sastrería Sénior ubicada en Villa Adela.
Este cortocircuito comercial ratificó la absoluta complementariedad del país: de la misma forma en que el oriente garantiza pollo y huevos para el occidente, las manos alteñas sostienen la provisión de textiles para el oriente.
Sobrevivir antes que vender
Para el ciudadano de a pie, la desesperación reconfiguró las prioridades. «La gente se preocupaba más en buscar cosas de comer, como carne y verduras. Por eso, ya no había venta de ropa», relata Sánchez desde su puesto en la feria Calama.
Blanca Arancibia, gremialista fundadora de ese abasto en el Distrito 3 de El Alto, complementa esta cruda realidad con la devaluación del poder adquisitivo en esos días: «El dinero ya no servía. Iba con 100 bolivianos (al mercado) y ya no traía nada. Antes sabíamos comprar un kilo de carne y otros alimentos, pero en ese periodo alcanzaba para un cuarto kilo nomás».
Para la septuagenaria gremial, esta crisis superó con creces lo vivido en la Guerra del Gas de 2003: «Este último paro que hemos pasado es muy amargo, jamás lo vamos a olvidar». Hace 23 años, Arancibia era dirigente de la Central Obrera Regional de El Alto y luchó por la defensa de los recursos naturales.
Esta vulnerabilidad es explicada también por el secretario ejecutivo de la Federación de Gremiales Central de El Alto, Pedro Valda, quien ratifica que «ocho o nueve de cada 10 alteños son cuentapropistas». Ese término engloba además a artesanos, choferes y otros rubros que no gozan de beneficios sociales.
Al no generar ingresos, las deudas bancarias los asfixiaron. Juana Velasco, vendedora de carne de cerdo, resume con angustia: «El banco no nos espera. El interés sube, sube. De donde sea teníamos que prestarnos nomás, hermano».
Y pese a que el conflicto se ha superado, Valda y Fernández coinciden en que los efectos aún serán duraderos y que recuperarse de la crisis por los bloqueos puede demorar entre ocho meses y un año.
El reclamo por un diálogo inclusivo
Frente a la devastación, la necesidad de un diálogo fue imperativo. Sin embargo, el malestar creció al ver que algunas autoridades ignoraron a gran parte del sector gremial en las mesas de negociación. Blanca Arancibia es tajante al criticar, lo que ella considera como «favoritismo político»: «A puertas cerradas hacen sus tratos, pero ¿y qué de nosotros? (…) Hay otras personas que en nombre de nosotros y de El Alto han ido a hacer su negociado. Eso está muy mal».
Durante los bloqueos, el Gobierno se reunió con Rodolfo Mancilla, ejecutivo de una de las confederaciones de gremiales de El Alto, dirigente que de acuerdo con Valda no es reconocido por todos los comerciantes.
Como colofón a una crisis que demanda soluciones estructurales y exigiendo equidad, Valda lanza un reclamo que nace quizás de cada feria y taller de la urbe alteña: «El padre debe llamar a todos sus hijos, y no solo a unos cuantos», refiriéndose a que el presidente Paz debía haber convocado a todos los sectores para abrir los puentes de diálogo.
Meses después de que se levantaran los bloqueos, muchos talleres aún no recuperan el capital perdido y cientos de comerciantes siguen pagando deudas contraídas para sobrevivir. Pero, más allá de las cifras, queda una enseñanza compartida entre gremiales, pequeños empresarios y comerciantes: cuando el diálogo se rompe, las pérdidas no distinguen colores políticos. Las pagan quienes viven de vender, producir y trabajar cada día. Por eso, guardan la esperanza de que, siempre que sea necesario, prime «un diálogo oportuno y sincero».
«Bolivianos por el dialogo y la paz social»
