La lucha por la vigencia plena de los derechos humanos no es exclusividad de ninguna institución del Estado o social, ni tampoco de determinadas autoridades. Es un proceso que nos compromete a todos y constituye, sobre todo, una reivindicación política. El sociólogo Alain Touraine decía que la lucha por este pilar de la democracia —es decir, los derechos humanos— es una reivindicación fundamentalmente política, no jurídica ni legalista.
Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, concebida como un punto de acuerdo entre los gobiernos en 1948 tras el sufrimiento y los millones de muertos que dejó la Segunda Guerra Mundial, los Estados se vieron en la obligación de generar los mayores consensos para aprobar y poner en vigencia este instrumento internacional. Dicha norma exige que los gobiernos firmantes promulguen leyes orientadas a proteger a las poblaciones más vulnerables, desde la propia Constitución Política del Estado hasta toda la normativa complementaria.
Bolivia lo entendió de esa manera: estuvo presente en diciembre de 1948, firmó la Declaración y, a través de sus sucesivos gobiernos, aprobó leyes en la materia. Incluso, en los últimos años se ha avanzado más que en otros países para garantizar los derechos de los pueblos indígenas, personas adultas mayores, personas con discapacidad, mujeres, niños, adolescentes, jóvenes, trabajadores, personas privadas de libertad, sectores campesinos y personas con VIH/sida.
De igual manera, se crearon instancias públicas y emergieron cientos de instituciones sociales y privadas con la misión de consolidar una cultura de derechos humanos. Si bien aún falta mucho por fortalecer este camino para que se convierta en el norte del desarrollo nacional y local, hay que asumir una premisa clara: cuantas más instituciones y organizaciones existan con este propósito, mejor será para la democracia, su plena vigencia y para que el ciudadano se sienta protegido y capacitado para exigir cada uno de sus derechos.
En esa dinámica, la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, en cumplimiento del Estatuto Autonómico Departamental, aprobó la Ley de creación de la Defensoría de los Derechos Humanos de las Cruceñas y los Cruceños. Esta instancia tendrá sin duda una agenda intensa de actividades, coadyuvará en la lucha por estos elementos vitales para la convivencia social y actuará como un ojo vigilante frente al poder político.
Precisamente, durante la gestión del defensor del Pueblo Rolando Villena (2010-2016), entregamos un documento fundamentado para que el Estatuto Autonómico incluyera capítulos destinados a constitucionalizar los derechos humanos. Así se hizo: el resultado es un articulado amplio y completo en esta materia.
No existe dualidad de funciones ni se busca quitar a otros la labor de trabajar por los derechos humanos. Al contrario, se complementa y se amplía el espectro institucional, porque al poder en todas sus instancias hay que seguirlo de cerca y recordarle que no puede violar ni vulnerar los derechos de nadie. Es precisamente en esos espacios donde una defensoría del pueblo de carácter local resulta tan necesaria.
El artículo 117 del Estatuto Autonómico de Santa Cruz, en concordancia con la Constitución Política del Estado, establece que corresponde al Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz la definición de políticas de defensa, monitoreo, protección y promoción de los derechos, libertades y garantías de los habitantes del departamento. Por ello, en su artículo 118 instituye la Defensoría Departamental de las Cruceñas y Cruceños, la cual velará y coadyuvará en el cumplimiento de los derechos consagrados en el Estatuto, en el marco de las competencias departamentales.
Aprobado en 2008, el Estatuto Autonómico comienza a ponerse en marcha casi 17 años después con la implementación de esta Defensoría Departamental. Su puesta en vigencia a estas alturas es sumamente importante y muy esperada por los pobladores de este departamento, donde a menudo se producen vulneraciones de derechos en municipios, entidades públicas, empresas privadas y otros ámbitos. No en vano Santa Cruz lidera lamentablemente las cifras de violencia contra la mujer, feminicidios y falta de acceso a la salud y al debido proceso, además de albergar a la cárcel más poblada y hacinada del país.
Cada día se violan derechos humanos, cada día se cometen injusticias y cada día las víctimas deben peregrinar para obtener respuestas a sus demandas. Por este motivo, el impulso institucional debe fortalecer la construcción de una cultura de respeto que nos abarque a todos y que impida que los derechos se conviertan en moneda de cambio para prebendas, sobornos, presiones o privilegios de unos pocos.
Stéphane Hessel, uno de los redactores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, precisaba que no caben términos medios ni cálculos a la hora de apostar por los derechos de cada uno de nosotros: “Es un mensaje de esperanza en la capacidad que tienen las sociedades modernas para sobrepasar los conflictos por medio de una comprensión mutua y de una paciencia vigilante. Para llegar a ello, es necesario basarse en los derechos, cuya violación, sea quien sea el autor, debe provocar nuestra indignación. No debemos consentir la transgresión de estos derechos”.
Auguramos que la Defensoría Departamental de las Cruceñas y Cruceños se constituya en una gran institución pública de referencia y contribuya a que todos avancemos firmemente por la ruta de los derechos humanos.
Hernán Cabrera es periodista y licenciado en Filosofía.
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