En Santa Cruz, durante un mismo semestre, tres historias dejaron al descubierto una realidad. Sí, con demasiada frecuencia, las mujeres trans (mujeres, población LGBTI+, personas en situación de vulnerabilidad) y sus familias socioafectivas deben organizarse, insistir y movilizarse para que las instituciones cumplan con su deber y responsabilidad.
En abril, acompañé, junto con la Asociación de Mujeres Transexuales y Transgénero de Santa Cruz y Mujeres Creando, el proceso impulsado por las hermanas de Lorena, una mujer trans que fue encontrada sin vida en un alojamiento de Satélite Norte, una zona urbana situada entre Santa Cruz de la Sierra y Warnes. La orientación jurídica de la ONG IGUAL y el apoyo comunicacional del Movimiento de la Diversidad, Disidencias Sexuales y de Género de Santa Cruz también fueron fundamentales. Fue, ante todo, un esfuerzo colectivo.
El fiscal Luis Alba Flores había desestimado la investigación. Frente a esa decisión, las hermanas de Lorena, junto con Arleti Tordoya, de Mujeres Creando, y quienes acompañábamos esta búsqueda de justicia, sostuvimos reuniones con el fiscal departamental, con la coordinación de la fiscalía. También buscamos la intervención de la Dirección de Género del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades y establecimos contacto con el fiscal de género del Ministerio Público en Sucre.
No nos limitamos a presentar solicitudes. Realizamos dos acciones públicas de protesta, una movilización desde la plaza principal y un plantón en puertas de la Fiscalía Departamental. Finalmente, después de insistir por distintas vías, se logró que la investigación se reabriera.
Más de un centenar de personas y representantes de organizaciones se adscribieron en un manifiesto público para exigir que se esclarecieran las circunstancias de su muerte. Lo que pedían sus hermanas era conocer la verdad sobre lo ocurrido y que la investigación avanzara con la debida diligencia. Esa misma exigencia compartían las compañeras de Lorena, integrantes del grupo Sexi Girls, con quienes había construido vínculos cotidianos de convivencia, confianza y afecto.
¿Por qué una familia tiene que movilizarse de esta manera para que una investigación avance? Porque es un sistema de justicia, transfóbico, clasista, excluyente… ¿Por qué las personas cercanas a una mujer trans deben insistir una y otra vez para obtener respuestas que las instituciones tienen la obligación de buscar? Porque para un sistema de esas características unas vidas tienen mayor valor que otras…
En agosto, la historia de Canela nos enfrentó al derecho a una muerte digna y al respeto de la identidad de género, incluso después del fallecimiento.
Canela era una mujer trans venezolana, afrodescendiente, migrante y en situación de extrema vulnerabilidad. Se encontraba privada de libertad cuando fue trasladada de emergencia al Hospital San Juan de Dios de Santa Cruz, debido al grave deterioro de su salud.
Desde los primeros días de su internación, la Asociación de Mujeres Transexuales y Transgénero de Santa Cruz la acompañó dentro de sus posibilidades. Abi Arteaga Quintanilla, promotora educadora par de la Asociación, la visitó. La Asociación también contribuyó con la compra de medicamentos y la cobertura de algunas recetas en calidad de alta solidaridad entre compañeras.
Canela falleció y, al día siguiente, y junto a la Asociación formalizamos a Régimen Penitenciario que, considerando que ella se encontraba bajo su custodia, realizara las gestiones necesarias para garantizar una sepultura digna. También se remitió una nota al Hospital San Juan de Dios. Sin embargo, las respuestas institucionales no resolvieron oportunamente la situación. Se sumaron con orientaciones la Defensoría del Pueblo nacional, la ONG IGUAL, el Colectivo Rebeldía y la Asociación un nuevo Camino Asuncami.
Desde hace años, la Asociación procura adquirir espacios funerarios para mujeres trans que se encuentran en condiciones de extrema precariedad y sin redes familiares que puedan acompañarlas.
Mientras se esperaba una respuesta institucional, Canela seguía sin recibir sepultura. Su documentación judicial, correspondiente a un proceso tramitado en el municipio de Concepción, todavía no había llegado a Santa Cruz. Intentamos coordinar con el Tribunal Departamental de Justicia y acudimos a las instancias encargadas de gestionar y remitir los documentos. Cada trámite implicaba nuevos tiempos de espera, mientras la posibilidad de darle una despedida digna continuaba pendiente.
Ante esta situación, acudimos a la justicia constitucional mediante una Acción de Libertad. Kerana de Santa Cruz, presidenta de la organización, participó en la audiencia, yo creo que fueron las cuatro horas más largas de incertidumbre y preocupación que vivieron Kerana y Abi. Mientras intercambiábamos esperanza y recuerdos de lucha y coincidencias con humor e ironía.
La justicia concedió una tutela parcial que permitió encaminar la recuperación del cuerpo y hacer posible su sepultura. Después vinieron nuevas gestiones, trámites y coordinaciones. Finalmente, el 7 de octubre, Canela recibió una sepultura digna en un espacio dispuesto para mujeres trans en situación de vulnerabilidad gestionada por la Asociación de mujeres transexuales y transgénero de Santa Cruz.
En septiembre, otra historia volvió a poner estas preocupaciones sobre la mesa. Danitza había sido reportada como desaparecida y posteriormente fue encontrada en la morgue. Fueron sus compañeras, integrantes del grupo Sexi Girls, quienes se movilizaron para buscarla y averiguar qué había ocurrido. En esa búsqueda, rastrearon información de su teléfono celular hasta encontrar indicios que las condujeron a la morgue.
La investigación no se habría iniciado de oficio, pese a que los hechos daban signo de violencia. Sus compañeras tuvieron que impulsar las gestiones para que se investigara lo sucedido. A pesar que nos apersonamos junto con una abogada solidaria y probono, hasta el momento, el proceso avanza lentamente. ¿Para cuándo la debida diligencia?
No corresponde que quienes atraviesan la incertidumbre y el dolor tengan que convertirse, además, en investigadoras, gestoras y vigilantes permanentes del aparato estatal. La participación de las familias y las organizaciones es legítima y necesaria, pero no debe servir de excusa para trasladarles las obligaciones que corresponden al Ministerio Público y a la Policía.
Todo esto ocurre en un contexto en el que la Fiscalía General del Estado cuenta con una Ruta de Actuación Interinstitucional (RAI), aprobada mediante Resolución FGE/RRMM/DAJ N.º 00067/2025, del 26 de marzo de 2025. La existencia de un instrumento de esta naturaleza debe traducirse en actuaciones oportunas, coordinación efectiva, atención sin discriminación y protección real de las personas afectadas.
Lo seguiremos haciendo, guste a quien le guste. Porque nuestra lucha no nace de la resignación, sino de la convicción de que nuestras vidas importan, nuestros vínculos merecen reconocimiento y nuestros derechos deben ser respetados. La memoria de las mujeres trans no es solamente recuerdo: es lucha, es resistencia y es futuro.
J. Alex Bernabé Colque es defensor de derechos humanos.
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