Naturaleza en peligro. Foto composición: Sumando Voces
Ante la baja efectividad de la justicia ambiental en Bolivia, organizaciones especializadas pusieron en marcha los primeros consultorios legales ambientales del país, una iniciativa que brindará asesoramiento gratuito a ciudadanos que deseen denunciar delitos como incendios forestales, minería ilegal, tráfico de fauna silvestre, maltrato animal y contaminación.
«Son consultorios legales ambientales y han sido lanzados la semana pasada. Tienen como objetivo brindar a la ciudadanía, de manera gratuita, asesoramiento ante la comisión de atentados ambientales, como incendios forestales, minería ilegal, maltrato de animales, tráfico de fauna silvestre, etcétera», informó a Sumando Voces Rodrigo Herrea, director de la Sociedad Legal Justicia Ambiental, organización encargada de implementar el proyecto.
Los consultorios comenzarán a funcionar en las próximas dos semanas en La Paz y Santa Cruz, departamentos que concentran la mayor cantidad de denuncias por delitos ambientales.
La iniciativa contempla la apertura de oficinas físicas en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), además de un sistema de atención virtual mediante WhatsApp para facilitar el acceso de la población a orientación legal especializada.
“Queremos que la ciudadanía conozca cuáles son sus derechos, cómo presentar denuncias y qué mecanismos existen para exigir una respuesta de las autoridades cuando se producen atentados contra el medio ambiente”, explicó Herrera.
Según el especialista, los consultorios ambientales son herramientas utilizadas en distintos países para fortalecer la participación ciudadana en la defensa de los recursos naturales y apoyar la labor de las instituciones encargadas de investigar y sancionar estos hechos.
La creación de estos espacios surge en un contexto marcado por las dificultades para lograr sanciones en materia ambiental. Un estudio realizado por especialistas de Justicia Ambiental, con base en información de la Fiscalía General del Estado, reveló que existe un 88% de impunidad en los delitos ambientales. Asimismo, Herrera sostuvo que una mínima cantidad de procesos llega a sentencias condenatorias. «La tasa de condenas, a nivel nacional, es de 3,7% en un universo de más de 2.200 casos penales», puntualizó el jurista.
El informe también develó que en 2025, La Paz registró 620 denuncias y casos relacionados con delitos ambientales. En Santa Cruz, la cifra era de 572, en Tarija 152 y en Pando 78. Respecto de los departamentos que tienen pocos registros, Herrera indicó que esto no significa que no existan casos, sino que la población no está enterada de ellos, no sabe cómo denunciar o no hay una cultura de denuncia.
La atención estará a cargo de estudiantes de Derecho de ambas universidades, quienes recibirán capacitación especializada en normativa ambiental y serán supervisados por profesionales del área. Además de responder consultas, los responsables de los consultorios podrán orientar a los ciudadanos sobre cómo denunciar hechos ilícitos, presentar reclamos ante municipios o iniciar acciones legales cuando corresponda. En algunos casos considerados de relevancia, los consultorios también podrán brindar acompañamiento gratuito en procesos de defensa legal relacionados con afectaciones al medio ambiente.
Herrera destacó que el proyecto funcionará inicialmente como una prueba piloto durante este año. Los resultados permitirán evaluar la demanda ciudadana, realizar ajustes y analizar una posible expansión a otros departamentos.
La iniciativa fue impulsada por la productora ambiental Pachamama Sabia, en alianza con la UMSA, la UAGRM, el refugio de fauna silvestre Senda Verde y la Sociedad Legal Justicia Ambiental.
Paralelamente, los organizadores prevén lanzar en las próximas semanas una serie de manuales ciudadanos que explicarán, paso a paso, cómo denunciar delitos ambientales relacionados con la destrucción de bosques, la afectación a la fauna silvestre y la contaminación de fuentes de agua y otros ecosistemas.
Los impulsores del proyecto también convocaron a profesionales de distintas áreas, como biología, ingeniería ambiental y agronomía, a sumarse a una red de apoyo técnico que contribuya con peritajes y asesoramiento especializado en los casos que lleguen a los consultorios.
