Audiencia en defensa del jaguar llevada a cabo en Sucre. Foto: Defensoría del Pueblo
Diversos actores de la sociedad civil celebraron el fallo del Tribunal Agroambiental que dispuso medidas de protección para el jaguar, para su hábitat y para los defensores ambientales, sin embargo, la Vicepresidencia del Estado, mediante un comunicado ratificó este jueves su posición en sentido de que el Órgano Judicial carece de competencias para ese tipo de proceso.
El 17 de abril, la Vicepresidente había remitido un memorial solicitando “la improcedencia de la presente acción ambiental directa de medidas cautelares preventivas y de reparación integral por daño”, por considerar que “el Tribunal Agroambiental no tiene competencia” para responder a esa demanda.
Frente a las críticas recibidas de parte de activistas del medio ambiente, la oficina de David Choquehuanca mediante un comunicado indicó este jueves que “el informe presentado a solicitud del Tribunal Agroambiental respecto de la petición de una Medida Cautelar, comprende consideraciones de carácter jurídico procesal respecto a las atribuciones y competencias reconocidas al Órgano Judicial, entre las cuales se evidencia ausencia de normativa que faculte a éste a llevar adelante el citado proceso”.
La diputada de oposición, María René Álvarez, quien fue la principal promotora de la demanda ante el Tribunal Agroambiental, rechazó el comunicado de la Vicepresidencia. “Mientras el país enfrenta una crisis ecológica sin precedentes, con redes de tráfico de partes de jaguar operando impunemente y ecosistemas enteros devastados por actividades ilegales, resulta inaceptable que una de las más altas autoridades del Estado se escude en tecnicismos jurídicos para frenar una acción legítima de defensa de la biodiversidad”, dijo.
La Vicepresidencia insistió que en el fondo no se opone a la defensa del jaguar y rechaza que la especie sea utilizada como instrumento de polarización.
El caso llegó al Tribunal Agroambiental luego de que se conociera que una empresa argentina, con fachada de emprendimiento turístico, realizaba viajes a Bolivia para cazar jaguares, lo que derivó en una demanda penal en Bolivia por parte de los mismos activistas que luego llevaron el caso al Tribunal Agroambiental.
Durante la audiencia, la Defensoría del Pueblo hizo una defensa cerrada del medio ambiente y del jaguar en particular, con indirectas al Gobierno. “Exhortar a todas las autoridades presentes y representantes de las diferentes instancias del Estado a que seamos coherentes entre el marco normativo nacional y los convenios internacionales (Acuerdo de Escazú), y lo que hacemos efectivamente en la práctica estatal”, dijo el defensor Pedro Callisaya.
Estos cruces tuvieron lugar en la semana en que se celebra el Día Internacional de la Madre Tierra, ocasión en la que la Vicepresidencia y varios ministerios convocaron a un Encuentro Mundial de la Madre Tierra que se celebrará en la ciudad de Cochabamba, del 2 al 4 de agosto de 2025.
Lee aquí el momerial enviado por la Vicepresidencia, pidiendo que se declare improcedentes las medidas de protección:
MEMORIAL-ALPRegocijo por el fallo
Mientras eso ocurre en ambientes políticos, diversos actores de la sociedad civil celebraron el fallo.
Pablo Solón, director de la Fundación Solón, dijo que se trata de un fallo histórico porque permite que derechos de la naturaleza empiecen a ser una realidad y dejen de ser solamente un discurso.
“Si bien es un fallo sobre el jaguar está sentando un precedente que va a servir para protección de toda la fauna silvestre de los bosques y de la naturaleza en su conjunto”, dijo Solón en declaraciones a RTP.
La Asociación Boliviana de Guardaparques (Abolac), mediante un comunicado saludó la resolución del Tribunal Agroambiental. “Es una victoria legal y ambiental por la vida, aquí no perdió nadie, ganamos todos, ganó el Jaguar y ganaron nuestros bosques, nuestros ríos, la Biodiversidad y nuestras áreas protegidas”, publicó la asociación, que es presidida por el guardaparque Marcos Uzquiano, uno de los defensores beneficiados con el fallo.
El abogado especializado en derechos humanos, Franco Albarracín, escribió un artículo al respecto, calificando la sentencia como histórica, pero advirtió que existen errores y desafíos pendientes.
“Se trata de una decisión histórica y sumamente importante, aunque no exenta de limitaciones atribuibles tanto al contenido de la sentencia como al contexto institucional actual en Bolivia”, señaló.
Su primera observación es que estamos ante una falta de institucionalización y garantías estructurales, que en la resolución se ha invisibilizado el rol de los actores privados en las amenazas y que su enfoque es desactualizado porque propone la “vigilancia policial” para proteger a los defensores ambientales. Asimismo, señala como un “error grave” que se haya dispuesto la creación de un Fondo Nacional de Conservación con recursos de la cooperación y del Estado porque, en casos como éste, el Estado termina desentendiéndose de su rol.
“Pese a estas observaciones, que en gran parte pueden atribuirse a limitaciones de actualización y formación técnica de los Magistrados en materia de derecho ambiental y derecho internacional de los derechos humanos, la sentencia representa un avance significativo. En un contexto de debilitamiento del Estado de derecho y concentración de poder, este fallo se convierte en un acto de dignidad institucional y una señal de esperanza”, indicó.
Los magistrados que dictaron la sentencia son Richard Méndez, Víctor Hugo Claure, Roxana Chávez y Rocío Vásquez, todos ellos elegidos en los pasados comicios judiciales.
La resolución contiene 12 puntos, entre los que el Tribunal Agroambiental dispone una pausa ecológica en Bolivia, establece “medidas de protección reforzada” para los defensores ambientales y medidas cautelares para el jaguar panthera onca.
La pausa ecológica incluye la paralización de todas las autorizaciones para quemas que fueron emitidas por la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), así como la suspensión de futuras autorizaciones.
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