El Código Niña, Niño y Adolescente
Bolivia cuenta con el Código Niña, Niño y Adolescente, Ley 548, promulgada el 17 de julio de 2014. En su artículo 1ro., señala “que tiene por objeto reconocer, desarrollar y regular el ejercicio de los derechos de la niña, niño y adolescente implementando un Sistema Plurinacional Integral de la Niña, Niño y Adolescente, para la garantía de esos derechos mediante la corresponsabilidad del Estado en todos sus niveles, la familia y la sociedad”. En el artículo 8, parágrafo III, menciona que “es función y obligación de la familia y de la sociedad, asegurar a las niñas, niños y adolescentes oportunidades que garanticen su desarrollo integral en condiciones de igualdad y equidad”. En el artículo 35 desarrolla ampliamente el derecho a la familia: “Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir, desarrollarse y educarse en un ambiente de afecto y seguridad en su familia de origen o … en una familia sustituta que le asegure la convivencia familiar y comunitaria”.
Situación de la niñez: violencia generalizada
Por los reportes continuos de los medios de comunicación social se puede afirmar que existe una situación de violencia generalizada contra la niñez.
El día 3 de julio de 2019, los periódicos reportaban una historia desgarradora de un niño que la policía encontró en una calle del municipio de Quillacollo, Cochabamba. “El menor refiere que las tías lo han flagelado, lo han encadenado y lo han amarrado de las extremidades superiores e inferiores, producto de lo cual le han ocasionado heridas que a la vista se puede ver que están infectadas, tiene heridas abiertas” (periódico La Razón).
Según el periódico El Deber de Santa Cruz, que recoge un estudio de la Universidad Católica del año 2015, muestra cifras dramáticas: 9 de cada 10 niños, niñas y adolescentes sufren de alguna forma de violencia y, 5 de cada 10 estudiantes, han sido víctimas de algún tipo de violencia en la comunidad educativa. El 45 % de adolescentes identifican su domicilio como el principal lugar donde los chicos sufren violencia.
El periódico Los Tiempos, en su publicación del 7 de abril de 2018, reportaba que el 95% de los casos de violencia se da en la familia. Según datos de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Cochabamba se registró 900 casos de violencia hacia menores durante los primeros meses del 2018. Los casos con mayor concurrencia fueron agresiones psicológicas, físicas y delitos de contenido sexual.
El periódico Opinión en su publicación del 27 de diciembre de 2017 titulaba: “Cochabamba: 6.445 casos de violencia contra niños durante el 2017”, información que recoge de la Secretaría Municipal de Desarrollo Humano. Entre los datos principales lanza las siguientes cifras: 422 hechos por irresponsabilidad materna que afectó a niños. 77 violaciones, 19 tentativas de violencia, 28 acosos sexuales y 76 casos de abuso sexual. Estas tipologías se dan más en las unidades educativas. Otros datos hablan de 32 estupros, 32 acosos escolares, 95 autolesiones o cutting, 3 proxenetismos y 4 de lesiones gravísimas. La autoridad entrevistada sostiene que el 95% de las agresiones son realizadas por los familiares más cercanos: padres, hermanos, tíos y abuelos. Además, se afirma que el incremento de la violencia se debe a la disgregación de la familia, por lo que debe buscarse una forma de dar apoyo a este núcleo social.
En el reciente estudio encargado por UNITAS el 2018, “Perspectivas y límites de la política pública para enfrentar las causas de la violencia y la discriminación de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes en Bolivia”, menciona “respecto a los espacios donde sufren violencia la niñez y adolescencia en Bolivia se encuentran cuatro espacios: al interior de la familia, en la escuela, en el trabajo y en la calle”. Este mismo estudio recoge el informe de Encuesta Nacional de Demografía y Salud del INE, año 2003, donde refleja que más del 75% de las mujeres afirman que en su hogar la madre biológica es quien castiga a los niños y niñas, frente al 53% de los hombres.
Violación a menores y violencia sexual contra niños
El periódico Página Siete del 1 de noviembre de 2018, reportaba la siguiente nota. “Desde enero hasta junio, el Defensor del Pueblo reportó 435 denuncias de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en Bolivia. Y hasta agosto, se registraron 58 infanticidios.
Los Tiempos, el 1 de agosto de 2019, reporta en solo dos meses, en Cochabamba la Defensoría del Pueblo atendió 8 casos de niñas embarazadas a raíz de una violación. En el hospital Germán Urquidi, en el primer semestre hicieron 5 interrupciones, conforme dicta la Sentencia Constitucional 206/2014. Las interrupciones se las hizo a niñas de 12 a 14 años.
Según los últimos datos, de enero hasta la fecha, de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Cochabamba, cada mes recibe 9 denuncias de violación sexual a niños, niñas y adolescentes.
Los feminicidios.
El periódico Opinión, el 27 de diciembre de 2017, reportaba los siguientes datos sobre violencia contra la mujer: “el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia reportaba que en Cochabamba se registraron 1.483 casos de agresiones físicas y psicológicas durante el primer trimestre de este año. Y en (todo) el año 6.484”.
Esta situación trae consecuencias para los niños. El periódico Los Tiempos, el 15 de mayo del 2019 titulaba: “los huérfanos, las víctimas sin rostro de los feminicidios”. Las autoridades no manejan cifras, ni donde fueron a parar los niños. En el municipio de Cercado, Cochabamba, hay 17 casos registrados de niños que han quedado huérfanos entre los años 2016 al 2019. El Defensor del Pueblo de Cochabamba, señala que existe un vacío normativo en la Ley 348 y en el Código del Niño, Niña y Adolescente, respecto a los “hijos de feminicidio” porque no existe el debido cuidado y la guarda legal que debe estar regularizada una vez se conozca el fallecimiento de una mamá víctima de feminicidio”.
Los Tiempos, 1 de agosto de 2019, refiere que “De enero a la fecha, la Fiscalía General del Estado registró 74 casos de feminicidio, con mayor incidencia en los departamentos del eje del país, siendo La Paz la que más casos registra con 26, seguidos de Cochabamba con 15 y Santa Cruz con 10. Y en su publicación del día 18 de agosto reporta que, de enero a septiembre, hay 88 casos reportados por la Fiscalía General del Estado. La Paz con 28, Cochabamba con 18 y Santa Cruz con 14 feminicidios.
Por los últimos datos que reporta la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Cochabamba, de enero hasta la fecha, han atendido 4.000 casos de violencia intrafamiliar y doméstica.
Los divorcios
El 29 de octubre de 2018 se promulga la Ley que Modifica la Ley Nº 483 del 25 de enero de 2014, del Notariado Plurinacional. Una de las reformas que plantea la Ley en el artículo 96 (Trámite), señala en el inciso II: “Una vez protocolizada la escritura pública, la o el Notario de Fe Pública la remitirá al Servicio de Registro Cívico para fines de la cancelación definitiva de la partida matrimonial, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles de la realización del acto.”
En su publicación del 22 de abril del 2019, el periódico los Tiempos titulaba: ¿Familia? Siete de cada diez matrimonios en el país se rompen. Hace un análisis de la situación. “… no sólo que fueron felices para siempre, sino que su matrimonio duró escasos 20 días, incluyendo el trámite de divorcio”. Al otro extremo, unas parejas luego de estar 40 años de casado se divorcian. Según datos del Servicio de Registro Civil, desde hace más de una década crece el índice de divorcios. Entre 2011 y 2017 hubo 50.666 matrimonios. En ese mismo periodo se registró un total de 17.793 disoluciones. Según el Comité Pro Familia, 7 de cada 10 matrimonios acaban en divorcio. El 30% de las parejas se separan a los cuatro años de casados o antes. En los últimos dos años, cada día se producen 50 divorcios en Bolivia; es decir, más de dos por hora. En ese mismo tiempo se casan 5 parejas. En las notarías hoy se registran divorcios de personas entre los 70 años. Las facilidades para el divorcio han aumentado. Antes, los plazos eran de 90 días, hoy se reducen a tres días y, en caso extremo, a cinco. Según la directora de la Casa del Adolescente, “sería ideal concluir en una relación que sea madura, consensuada, amigable donde haya habla y escucha. Pero en general, no van en esos términos, sino en los de la pelea. Los hijos, a veces, se convierten en trofeo, y ellos, niños y adolescentes, llevan la peor parte. Finalmente, los adultos toman la decisión, por lo que fuera, pero a los hijos les afecta mucho. Les afecta en su desarrollo, en su seguridad, en su auto estima; ver las peleas entre papás tiene consecuencias muy malas. En otros casos, hay papás que se van del todo, no sólo se divorcian de sus parejas, sino que se divorcian de sus hijos también. No se acuerdan más, otros desaparecen o también construyen un vínculo muy malo.”
Causas de la violencia
Según el seguimiento realizado a los medios de comunicación escrita, la violencia contra la niñez llega a más del 85%. Donde más se ejerce la violencia son la familia y la escuela.
Un efecto lógico de este alto índice de violencia es la vulneración de sus derechos, entre ellos, el derecho a una familia que le garantice su desarrollo pleno.
Entre las causas de este alto índice de violencia está la pobreza y la falta de condiciones económicas a pesar de la reducción de los niveles de pobreza. Según los datos de la Encuesta de Hogar del INE del año 2018, la pobreza en Bolivia disminuyó a 36,4%, siendo este último dato su nivel más bajo históricamente. Según datos del Plan de Desarrollo Económico Social, a partir del 2008, en el área urbana, la pobreza extrema bajó, del 2008 al 2014, de 24,3% a 8,3%, mientras en el área rural ha disminuido del 62,9% a 36,1% (Estado Plurinacional de Bolivia).
UNITAS, el año 2018 publica los resultados del estudio de “Perspectivas y límites de la política pública para enfrentar las causas de la violencia y la discriminación de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes en Bolivia. En esta se afirma que “la condición de pobreza material extrema o moderada hace más vulnerable a la población infantil y adolescente en el cumplimiento de sus derechos”. Esta misma investigación recoge la conclusión del informe de Naciones Unidas: “Latinoamérica no es una región pobre, sino sobre todo desigual”.
Según el informe de la CEPAL del año 2018, “La pobreza no afecta a todas las personas por igual. De acuerdo con un análisis basado en algunos de los principales ejes de la desigualdad social, esta afecta de manera desproporcionada a los niños, adolescentes y jóvenes y compromete seriamente sus posibilidades de desarrollo futuro. ” (CEPAL, 2018, pág. 99).
La poca formación de las madres es otra de las causas. Torres en su estudio afirma que el “40% de las madres recurren a la violencia física, psicológica o negligencia contra sus hijos e hijas. Las madres con mayor nivel de instrucción, 9 cursos o más, aplican menos castigos violentos a sus hijos e hijas, 20% frente al 40% en el caso de la violencia física.
Los resultados de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDSA) del año 2003, muestran que los niños que corren mayor riesgo de ser maltratados físicamente son los menores de tres años de edad, en un 78%. El estudio concluye diciendo: “llegamos, por tanto, a una situación en la cual más de 2 millones de niños, niñas y adolescentes han sido vejados(as) físicamente alguna vez, y más de 1,8 millones de ellos han sido objeto de violencia psicológica en el hogar. Las consecuencias de agresión, el maltrato en todas sus formas conlleva a las secuelas además que dejan huellas del maltrato físico, los golpes y maltrato físico en general producen en primer lugar daño físico, pero en el mismo instante del castigo se envían mensajes profundamente destructivos para la psique para las víctimas, con un dramático impacto en el desarrollo infantil.” (Torres, 2005, pág. 57).
Concluyendo. Existe un avance considerable en la normativa boliviana en relación a los derechos de la niñez. Sin embargo, los datos en relación a la violencia contra la niñez son dramáticos. Hay la necesidad urgente de recuperar el protagonismo de la familia. No sólo eso, sino la necesidad de defender la institucionalidad de familia como el garante de los derechos de la niñez. Hace falta políticas públicas para que la familia cumpla su rol histórico que le asigna la constitución política del Estado Plurinacional: la de garantizar los derechos de la niñez. Una ley que impulse la creación de los comités departamentales de familias garante de los derechos de la niñez. Y que estos comités impulsen la creación de la “Escuela de la familia”. Por último, es conveniente empoderar a la familia cercana como ampliada, bajo una normativa que respalde las decisiones de las familias en la resolución de conflictos bajo el criterio de que la familia decidirá lo que más conviene a sus miembros.
Enrique Zabala sj. Presidente de DNI-BOLIVIA
