Sin duda, la elaboración del Proyecto de Ley 007 -Ética en Procesos Electorales- desconoce el trabajo y aportes de la veeduría ciudadana, ignora el derecho a la participación y al control social señalado en la Constitución Política del Estado y en la Ley de Participación y Control Social, y pone en duda la legitimidad, organización y actuación de misiones de observación electoral ciudadanas, reglamentadas por normas ya establecidas por el organismo electoral.
El Proyecto de Ley PL 007 aparece como una propuesta con intenciones nobles, pero con grandes fallas y con serias implicaciones para el ejercicio de los derechos fundamentales de veedores, nacionales o internacionales.
Detrás del discurso que pretende promover una “conducta intachable» y la «ética democrática», este proyecto de ley parece encubrir disposiciones que podrían convertirse en herramientas de censura y control político, especialmente en un entorno autoritario como el que estamos viviendo. La ambigüedad del artículo que exige a los actores políticos una «conducta intachable acorde a los principios democráticos» (que resulta subjetivo y no corresponde a una redacción legislativa) se convierte en un terreno fértil para la arbitrariedad. Sin una definición clara ni tipificación precisa de los hechos, se corre el riesgo de que cualquier acto de crítica hacia las autoridades o instituciones públicas -emitido por la observación electoral o la veeduría ciudadana en el marco de la independencia y del derecho a la participación y el control social- sea considerado como una falta ética con la posibilidad de ser sancionada. Esto no solo debilita el pluralismo, sino que instala el miedo como mecanismo de autocensura en quienes desean ejercer su derecho a opinar, observar y fiscalizar.
¿Cuál es el verdadero propósito de este Proyecto de Ley? Si busca la ética en procesos electorales ¿no debería recurrir más bien a estándares internacionales sobre elecciones justas, libres y transparentes para promover conductas relacionadas con la independencia, la justicia, la imparcialidad o la responsabilidad en los actores involucrados? Abordar de manera desordenada a organizaciones políticas, al ente electoral, a periodistas, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil para hacer alusión a hechos no tipificados y subjetivos podría atentar contra el derecho a la participación ciudadana y a la libertad de expresión.
Con relación a los veedores, no olvidemos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó la Resolución No. 01/2024 el 23 de mayo de 2024, reconociendo a los observadores electorales nacionales e internacionales como defensores de derechos humanos, destacando la relación intrínseca entre el respeto y protección de los derechos humanos y la defensa de la democracia. Entonces, ¿cuál es el objetivo de establecer sanciones a los veedores u observadores en procesos electorales, cuando esta práctica es apartidista, legítima, voluntaria, exigente y además reglamentada? Tampoco ignoremos que el organismo electoral ya cuenta con un Reglamento de Observación y Acompañamiento Electoral que define claramente las atribuciones y alcances de las misiones nacionales e internacionales de observación electoral, por lo que no compete al PL 007 el establecimiento de sanciones por incumplimiento de normas de integridad electoral.
La ética en procesos electorales es fundamental para garantizar la legitimidad y credibilidad de las elecciones, y para promover la confianza y participación ciudadana. En Bolivia, donde el poder no se siente a gusto con la crítica, una ley como esta puede consolidar una estructura legal para perseguir selectivamente a opositores, periodistas y organizaciones de la sociedad civil que promueven la veeduría ciudadana y la observación electoral.
Lo que el país necesita no es un código moral ambiguo, sino reglas claras que promuevan la transparencia y la participación. Necesitamos normas que protejan al ciudadano que observa, denuncia y opina; no que lo silencien bajo la amenaza de sanciones por ser crítico.
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Sandra Verduguez es Comunicadora social, integrante de Observación Ciudadana de la Democracia (OCD).
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