Editorial Sumando Voces
El ingeniero Edgar Villegas saltó a la palestra pública durante los aciagos días de octubre de 2019, cuando una parte del país protestaba en las calles ante la sospecha de un fraude electoral.
Villegas, junto a otros ingenieros, con base en los datos del Órgano Electoral, había detectado irregularidades en el conteo de votos y las expuso ante los medios de comunicación, particularmente en Televisión Universitaria y en CNN.
Ante las sospechas y dudas, el Gobierno del entonces presidente Evo Morales convocó a la OEA para que hiciera una auditoría a las elecciones. El informe de esa misión de expertos estableció que hubo dolo en el manejo de los resultados electorales, término que, según la Real Academia de la Lengua Española, significa fraude.
Cuatro años después, el diputado Renán Cabezas, del ala evista del MAS, instauró un proceso penal por “instigación pública a delinquir” en contra del ingeniero Villegas con el argumento de que sus declaraciones sobre las irregularidades desataron la revuelta popular.
La denuncia en sí misma carece de sentido, pero lo que llama la atención es que haya prosperado en la Fiscalía, que imputó a Villegas basada en sus dichos ante los medios de comunicación y con el autoconvencimiento de que no hubo fraude electoral porque un académico de la Universidad de Salamanca avaló los resultados electorales que le dieron la victoria a Morales. Dicho sea de paso, ese académico está ahora cuestionado por su ética en el ejercicio profesional.
El asunto de fondo, tal como lo dijo la defensa de Villegas, es que se pretende criminalizar la libertad de expresión porque, a título de instigación pública a delinquir, ahora cualquier declaración puede ser considerada punible.
Con esta falta de lógica, también deberían ser procesados e imputados los expertos de la OEA, cuyo informe desató la fase final y más contundente de las protestas, las que obligaron finalmente a Evo Morales a renunciar a su cargo.
Ante la ola de críticas por la imputación, la Fiscalía explicó que no pidió la detención preventiva de Villegas porque el delito por el que es acusado, que se sanciona máximo con un año de prisión, no implica el encarcelamiento efectivo. Sin embargo, el asunto de fondo no es ese, sino la vulneración de un derecho ciudadano.
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y las nueve asociaciones departamentales, mediante un comunicado, indicaron que la imputación “constituye una grave amenaza contra el derecho a expresar y difundir ideas e información, limita el derecho de acceso a la información del conjunto de la población y conlleva el peligro de inhibir su ejercicio pleno y sin restricciones por miedo a ser injustamente juzgado”.
En Bolivia, la libertad de expresión está constitucionalizada, en concordancia con el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que “nadie puede ser molestado por causa de sus opiniones”.
Por tanto, el juicio contra Villegas no tendría sentido que prospere porque se estaría sentando un funesto precedente para las libertades en Bolivia. La sociedad civil está alerta, ya que permitir la vulneración de libertades de un ciudadano pone en riesgo el derecho de todos.
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