Violencia normalizada y sistema sin respuesta

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La violencia hacia las mujeres, adolescentes y niñas está tan enraizada en Bolivia que es una conducta normalizada entre los adolescentes y jóvenes, según estadísticas difundidas recientemente por UNICEF.

En Bolivia, el 34% de las niñas y adolescentes comprendidas entre los 15 y los 19 años considera que está justificado que el marido agreda a su esposa porque ha quemado la comida, ha discutido con él, ha salido de casa sin avisarle, ha descuidado a los niños o se niega a mantener relaciones sexuales.

Con ese porcentaje, Bolivia ocupa el vergonzoso primer lugar en América Latina en normalización de la violencia, en una lista de 23 países, según el reporte de UNICEF titulado “¿Por qué las adolescentes? ¿por qué ahora?, una fotografía estadística de la situación de las adolescentes en América Latina y el Caribe”.

La normalización de la violencia hacia la mujer ha sido corroborada por otro informe, presentado por cuatro agencias de las Naciones Unidas en Bolivia la semana pasada, en el que se revela que el 47,5% de los jóvenes considera que es normal que se se revise el celular de la pareja sin permiso, mientras que el 37,8% percibe como normal que se aleje a la pareja del entorno y el 29,9% cree que los celos son también normales en las relaciones de pareja.

Estos datos son preocupantes porque muestran que la violencia está incrustada en la sociedad boliviana y que no responde a causas coyunturales. Además de ser preocupantes, los datos son la explicación de la alta prevalencia de la violencia hacia las mujeres en Bolivia.

Según otro estudio, esta vez presentado por el Instituto de Investigaciones en Ciencias del Comportamiento de la Universidad Católica Boliviana (UCB) y la Misión Internacional de Justicia (IJM), el 40% de las adolescentes comprendidas entre los 13 y los 17 años ha sufrido alguna forma de violencia física o sexual a lo largo de su vida. Esta cifra, según el estudio, “es considerablemente más alta” que la prevalencia global que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), está en el 10% aproximadamente.

Entre tanto, el 53% de las mujeres adultas dijo haber sido víctima de violencia física o sexual a lo largo de su vida.

Otro aspecto que revela el estudio es la falta de confianza en el sistema penal, por la inadecuada respuesta del Estado. El 58,9% de los casos de violencia hacia la mujer (casi 60%) fueron rechazados por el sistema, el 30% no obtuvo ningún tipo de respuesta, mientras que sólo el 2,49% de los casos obtuvo sentencias ejecutoriadas.

Por eso, no es de extrañarse que el reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) haya puesto especial atención a la violencia de género en Bolivia, reparando en que se registraron al menos 1.000 feminicidios entre 2013 y 2022, que persiste la impunidad y que prevalecen los patrones de discriminación hacia las mujeres.

Frente a esa situación, la CIDH hace una serie de recomendaciones al Estado, entre ellas, fortalecer la capacidad institucional para “combatir el patrón de impunidad frente a casos de violencia contra las mujeres”.

La impunidad obedece a una cadena institucional cargada de negligencia, corrupción, retardación y falta de empatía con las víctimas, que incluye a la Policía, la Fiscalía y a los juzgados.

Estamos ante un problema estructural que debe ser abordado desde la raíz, es decir, desde la formación de niñas, niños y adolescentes, pasando por la atención oportuna y empática de las víctimas hasta el rediseño del sistema de justicia penal para encarar el desafío.

La sociedad, los líderes de opinión, las instituciones y el Estado en su conjunto no pueden seguir observando de palco que Bolivia ocupe los primeros lugares de la región en violencia de género y que no tengamos un sistema capaz de responder ante el desafío.

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