Sumando Voces
La Veeduría Ciudadana que observa el proceso de selección de candidatos a magistrados de las altas cortes del país considera que la Ley aprobada en el Senado y que dispone un plazo de 45 días para esa tarea «sacrifica la calidad del proceso», puesto que apenas se disponen dos días para la impugnación de postulaciones y, según las publicaciones de prensa, no se consigna una etapa para entrevistas.
“Tanto la Asamblea Legislativa como el Tribunal Supremo Electoral están más preocupados de cumplir sus plazos y requerimientos técnicos (…) sin pensar en la calidad de las autoridades que se va a elegir”, dijo Sandra Verduguez, representante de la Fundación Jubileo en la Veeduría Ciudadana, a Sumando Voces. Las entidades que conforman la Veeduría Ciudadana son Ruta Democrática, Veeduría Ciudadana de Derechos Humanos, Red UNITAS, Observación Ciudadana de la Democracia y Fundación Jubileo.
La Ley fue aprobada la tarde de este jueves gracias al consenso logrado entre las fuerzas políticas y luego fue remitida a la Cámara de Diputados para su revisión, donde las bancadas están más atomizadas, por lo que es probable que el consenso sea una tarea más compleja.
La norma establece que todo el proceso tendrá una duración de 135 días, de los cuales, 45 se destinarán a la selección de candidatos en la Asamblea Legislativa y los restantes 90 días serán para la organización de las elecciones, que ya no serán en diciembre, sino el próximo año.
Según información publicada por diversos medios, las etapas y plazos establecidos son los siguientes. “Publicación de la Convocatoria (1 día); presentación de postulaciones (15 días); verificación de requisitos habilitantes generales y específicos; y de méritos (10 días); publicación de los postulantes habilitados (1 día); presentación de impugnaciones (2 días); resolución de impugnaciones (4 días); aprobación de los Informes de Preselección y remisión al Presidente de la ALP (2 días); sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para la aprobación o rechazo de los Informes de Preselección por 2/3 de votos de los asambleístas presentes (8 días); remisión al Tribunal Supremo Electoral (TSE) de la nómina de los postulantes preseleccionados (1 día)”.
Justamente ahí radica la preocupación de la Veeduría, que considera que dos días para las impugnaciones es un tiempo demasiado corto “cuando sabemos que este mecanismo es la forma en que la ciudadanía participa o los mismos postulantes cuando no están de acuerdo con los resultados del proceso”, dijo Verduguez.
Otra de las preocupaciones de la Veeduría es la ausencia de un período para entrevistas, pese a que éstas permiten conocer la capacidad de los postulantes, su experiencia y su solvencia para resolver casos en el marco de los derechos humanos. “Si no existiera esta fase sería penoso porque se estaría actuando más para cumplir el cronograma que para buscar calidad en los candidatos y eso es preocupante”, dijo la representante ciudadana.
Entre analistas y líderes de opinión existe coincidencia que las elecciones judiciales no van a resolver la crisis de la justicia, pero “se debería pensar que es más importante elegir con calidad y elegir a las personas idóneas que cumplir plazos”, indicó Verduguez.
En todo caso, la Veeduría estará pendiente los 45 días que dure el proceso de selección informando a la ciudadanía, apoyando la transparencia y luego observará las elecciones judiciales.
Verduguez recordó que a principios de año, la Veeduría presentó un reglamento ciudadano de preselección, por lo que pidió a los partidos que lo revisen y lo tomen en cuenta porque contiene valiosos aportes de expertos y de procesos internacionales.
Sin prórroga de mandato
La Ley no establece una prórroga de mandato para los actuales magistrados, pero sí paraliza los plazos procesales a partir del 2 de enero, con la finalidad de evitar el vacío de poder en el Órgano Judicial.
La norma indica que “quedan suspendidos todos los plazos procesales para todas las causas que se encuentren en trámite, en los despachos de las magistradas y magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y despacho de Consejeras y Consejeros del Consejo de la Magistratura, hasta la posesión de las nuevas autoridades electas, por ser esta una Ley transitoria y excepcional”.
De acuerdo a la previsión del Senado, los nuevos magistrados asumirán sus cargos la primera semana de febrero de 2024, pero los antiguos deben dejar sus cargos el 31 de diciembre de 2023.
