Reunión de la Comisión de Diálogo, instalada este miércoles 27 de mayo. Foto: Vicepresidencia del Estado.
El Gobierno ofreció «garantías» para que los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y de la Federación Departamental de Campesinos “Túpac Katari”, Vicente Salazar, puedan acudir a una mesa de diálogo y buscar una solución a los conflictos.
El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, recordó que el encuentro sostenido el miércoles en la Vicepresidencia fue “muy fructífero” y contó con la participación de representantes de la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, entre otros sectores.
“Se pidieron garantías para que ellos puedan asistir a una nueva convocatoria realizada para hoy por parte de la Iglesia y, efectivamente, el Gobierno ha otorgado las garantías necesarias para dialogar con ellos. Un tema distinto son los procesos que puedan seguirse en el Ministerio Público, etcétera”, afirmó Lupo en entrevista con Unitel.
Tanto Argollo como Salazar tienen órdenes de aprehensión; sin embargo, Lupo señaló que estas no serían ejecutadas ante la nueva convocatoria al diálogo que busca dar solución a los conflictos y desactivar los bloqueos.
“Garantizamos que, durante la reunión, Argollo y Salazar van a gozar de todas las garantías para desarrollar este encuentro de forma adecuada y encontrar las soluciones que correspondan”, reiteró.
Durante la clausura del Consejo Económico y Social, el presidente Rodrigo Paz volvió a convocar al diálogo a todos los sectores movilizados y recordó que esa es la única vía para solucionar cualquier conflicto.
Sobre los pedidos de renuncia del presidente Paz, Lupo insistió en que esa demanda “no es democrática”, es “inaceptable” y proviene de “grupos antidemocráticos” que, según dijo, se aprovechan de las movilizaciones de los sectores sociales.
Al cumplirse este jueves 28 días de bloqueos en diferentes partes del país, la autoridad lamentó que la economía se encuentre seriamente afectada, al igual que la imagen del país, y advirtió que también se está atentando contra la vida de pacientes que requieren atención médica.
