Incendio en Tarija. Foto: Ahora Digital
El Tribunal Agroambiental ratificó la vigencia de las medidas cautelares destinadas a prevenir incendios forestales en Bolivia y recordó que su cumplimiento es obligatorio para gobernaciones, municipios y demás Entidades Territoriales Autónomas (ETA). La institución señaló que continuará supervisando la aplicación de estas disposiciones para reducir el riesgo de nuevos focos de calor y proteger el medio ambiente, de acuerdo con una nota de ANF.
La presidenta del Tribunal Agroambiental, Roxana Chávez, informó que las autoridades departamentales y municipales deben ejecutar planes de prevención y respuesta frente a posibles incendios, además de garantizar el uso transparente de los recursos asignados para ese fin. Agregó que el seguimiento permitirá evaluar el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas.
Las medidas cautelares, emitidas en septiembre de 2025 durante una audiencia sobre prevención ambiental, también contemplan la atención inmediata de los incendios forestales y el impulso de investigaciones sobre posibles delitos ambientales vinculados a estos hechos. En ese marco, el Tribunal instó al Ministerio Público a actuar cuando existan indicios de responsabilidades penales.
Como parte del control institucional, se solicitaron informes a las diferentes regiones del país para verificar si las gobernaciones y alcaldías implementaron las acciones ordenadas. En los casos en que se detecten incumplimientos, los antecedentes podrán ser remitidos al Ministerio Público para las actuaciones correspondientes.
Chávez explicó que las medidas vigentes podrán ajustarse de acuerdo con los resultados del monitoreo que realiza el Tribunal, con el propósito de fortalecer la prevención y evitar que se repitan emergencias ambientales como las registradas en 2024, cuando extensas áreas del país fueron afectadas por incendios forestales.
Finalmente, la autoridad planteó la necesidad de revisar el marco normativo relacionado con los incendios, proponiendo modificar las disposiciones que considera insuficientes para sancionar a los responsables. Asimismo, indicó que este proceso debe desarrollarse de manera coordinada entre la Asamblea Legislativa y entidades competentes en materia ambiental y forestal.
