Tribunal Supremo de Justicia. Foto: TSJ
La cobertura territorial del Órgano Judicial en Bolivia alcanza a 169 de los 342 municipios del país, equivalente al 49,42%, lo que evidencia las limitaciones para garantizar el acceso a la justicia en todo el territorio nacional, según el Informe sobre el Estado de la Justicia en Bolivia 2025.
El documento señala que la presencia de servicios judiciales no alcanza a la mitad de los municipios. Esta brecha, junto con la falta
de información actualizada sobre la disponibilidad de servicios especializados, constituye uno de los desafíos que debe abordar una
reforma integral del sistema de justicia.
La situación también afecta a otras instituciones del sector. Según los datos recopilados por el informe, el Ministerio Público tiene presencia en 148 municipios, que representan el 43,27% del total nacional, mientras que el Servicio Plurinacional de Defensa Pública
llega a 93 municipios, equivalentes al 27,19%.
En el caso del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi), el documento identifica presencia en las nueve ciudades capitales y otros siete municipios, aunque señala que no es posible determinar con precisión su cobertura porcentual.
El informe advierte que la ausencia de datos oficiales actualizados sobre la cobertura territorial y los servicios disponibles dificulta
dimensionar plenamente las brechas de acceso. También observa que no existe una norma que obligue a recopilar y difundir de
manera permanente información sobre la cantidad de municipios que cuentan con servicios judiciales y especializados.
A estas limitaciones se suman las restricciones presupuestarias. El documento señala que cerca de tres cuartas partes de los
recursos del Órgano Judicial se destinan a servicios personales, lo que reduce el margen disponible para invertir en infraestructura,
equipamiento, modernización tecnológica y ampliación de la cobertura territorial.
Ante este panorama, el informe plantea la necesidad de garantizar recursos suficientes para fortalecer la capacidad operativa del
sistema judicial y avanzar hacia un acceso efectivo, oportuno y universal a la justicia.
