En una sociedad que vive en democracia, expresar libremente una opinión, participar en la toma de decisiones públicas, organizarse o cuestionar a las autoridades son señales de una buena salud del sistema que garantiza la vigencia plena de derechos y libertades. Sin embargo, un informe sobre la situación de Bolivia alerta que las condiciones para ejercer estos derechos enfrentan restricciones.
El estudio —denominado Informe Enfoque País Bolivia 2026 y elaborado por la red UNITAS— evalúa seis principios que permiten medir cuán favorable es el entorno para que la sociedad civil pueda participar y trabajar en asuntos públicos.
En términos generales, el informe describe un entorno restrictivo en las seis dimensiones evaluadas y relaciona esta situación con la crisis económica, la conflictividad y polarización, las restricciones al ejercicio de libertades, las limitaciones de acceso a información y participación, la estigmatización y los riesgos digitales. Además, refiere las dificultades jurídicas y administrativas y la precariedad del financiamiento para las organizaciones de la sociedad civil, conocidas como OSC o más popularmente como ONG.
Los principios y la metodología
Las dimensiones analizadas son: 1) respeto y protección de las libertades fundamentales; 2) marco jurídico y normativo favorable; 3) recursos accesibles y sostenibles; 4) Estado abierto y receptivo; 5) cultura pública y discursos favorables a la sociedad civil; y 6) acceso a un entorno digital seguro.
En tanto que para la evaluación se emplea una escala del 1 al en la que 1 significa “totalmente inhibidor”; 2, “inhibidor”; 3, “parcialmente habilitante”; 4, “habilitante”; y 5, “totalmente habilitante”.
De acuerdo con los resultados del informe, ninguno de los principios alcanza una valoración de 3 o más puntos: cinco obtienen 2 sobre 5, considerada una condición “inhibidora”, mientras que las libertades fundamentales reciben 1 sobre 5, es decir “totalmente inhibidora”.
El documento aclara que el informe no establece una puntuación global única para clasificar al país, sino que evalúa separadamente los seis principios para identificar las dimensiones favorables y aquellas que requieren atención.
El informe analiza el periodo comprendido entre marzo y julio de 2026, aunque incorpora antecedentes de 2025 y de todo el primer semestre de 2026, marcados por las elecciones generales, la crisis económica, la conflictividad, la polarización y el cambio de gobierno de noviembre de 2025.
La presentación del informe en el hotel Stannum de la ciudad de La Paz, con amplia asistencia de invitados.
Libertades fundamentales, la dimensión más afectada
La dimensión con la valoración más baja es la referida al respeto y protección de las libertades fundamentales. El informe la califica con 1 sobre 5, es decir, totalmente inhibidor, y relaciona este resultado con el incremento de la conflictividad social.
Solo como referencia, la Defensoría del Pueblo registró 841 hechos de conflictividad durante 2025, frente a un promedio histórico de 362. Durante 2026 continuaron las movilizaciones y bloqueos y se produjeron hechos de violencia entre mayo y junio.
El estudio también incorpora en su análisis los efectos de la declaratoria del estado de excepción de junio de 2026 sobre la protesta y la acción civil.
En materia de vulneraciones de derechos, el Observatorio de Derechos Humanos de UNITAS registró 619 vulneraciones durante 2025. De ellas, 7,4% afectaron la libertad de expresión, 3,9% la libertad de reunión pacífica y protesta y 2,7% la libertad de asociación. Durante el primer semestre de 2026, estos porcentajes fueron de 11,1%, 1,8% y 0,1%, respectivamente.
Organizaciones con más dificultades para funcionar
El segundo eje evaluado corresponde al marco jurídico y normativo. Con una puntuación de 2 sobre 5 (inhibidor), el informe identifica dificultades en los procedimientos de registro y funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil, como criterios poco claros, demoras, falta de orientación y mayores cargas administrativas.
El documento destaca un dato sobre el número de ONG bolivianas registradas, el cual pasó de 1.980 en 2015 a 206 en 2025, una disminución de cerca del 90%. Al 29 de mayo de 2026
Un dato que destaca el documento es la reducción del número de ONG nacionales registradas: de 1.980 en 2015 a 206 en 2025, una disminución de 89,6%. Al 29 de mayo de 2026 se contabilizaban 260 ONG nacionales y 49 extranjeras.
A esto se suma un escenario financiero desfavorable. La reducción de la cooperación internacional, la crisis económica y la falta de incentivos para donantes afectan sobre todo a organizaciones pequeñas y de base y a aquellas que trabajan en derechos humanos, medioambiente y género. El informe señala que algunas han debido reducir personal y depender en mayor medida del voluntariado, recursos propios y autogestión.
Menos información y participación en las decisiones públicas
Otra de las dimensiones analizadas es la capacidad del Estado para ser abierto y receptivo. También obtiene 2 sobre 5. El informe identifica dificultades para acceder a información confiable y oportuna, además de la ausencia de una Ley de Acceso a la Información Pública.
También observa limitaciones en los mecanismos de consulta y participación: aunque las organizaciones pueden ser convocadas a mesas de trabajo o actividades, no siempre conocen qué ocurrió con sus propuestas ni cómo fueron incorporadas o descartadas.
Para el estudio, estas condiciones afectan la posibilidad de que la participación ciudadana tenga una incidencia efectiva en las decisiones públicas.
Estigmatización y riesgos también en internet
El informe también encuentra un escenario con restricciones en la cultura pública y los discursos hacia la sociedad civil. La dimensión recibe 2 sobre 5 y registra situaciones de deslegitimación, sospecha, estigmatización, acusaciones de desestabilización, campañas de descrédito y discursos de odio, con afectaciones especialmente señaladas hacia organizaciones vinculadas con pueblos indígenas, comunidades campesinas y derechos humanos.
El espacio digital tampoco aparece como un entorno plenamente seguro. El informe identifica vacíos normativos en protección de datos y seguridad digital, además de riesgos asociados a vigilancia, desinformación, hostigamiento, ciberacoso y ataques digitales. Durante 2025, el Observatorio de UNITAS documentó casos de ciberacoso contra periodistas y agresiones contra personas defensoras de derechos.
Recomendaciones del informe
A partir de estos resultados, UNITAS recomienda al Estado reducir las barreras y la discrecionalidad en los procedimientos para las organizaciones de la sociedad civil, establecer criterios y plazos claros, fortalecer mecanismos de participación y avanzar en una Ley de Acceso a la Información Pública.
También plantea prevenir la estigmatización y mejorar la protección de datos, la seguridad y la alfabetización digital. A las organizaciones les recomienda fortalecer su participación e incidencia en las decisiones públicas y exigir información, trazabilidad y respuestas a sus propuestas.
El informe fue presentado este viernes en la ciudad de La Paz. El documento está disponible en el portal de la Red UNITAS a través de este link.
