Las cárceles, celdas policiales y patrullas son escenario de torturas. Foto: Defensoría del Pueblo
Emma Bravo, directora del Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia Estatal (ITEI), reveló que el miedo a reacciones castrenses ha llevado a sucesivos gobiernos a evitar un control efectivo sobre policías y militares, perpetuando así la práctica de la tortura en Bolivia bajo un manto de impunidad institucionalizada.
“Los gobiernos no se atreven a poner reglas a la policía ni a los militares porque existe siempre la amenaza de golpe de Estado; se les da total garantía para que actúen con impunidad”, denunció Bravo en el programa Sumando Voces que abordó el tema “Torturas y tratos crueles bajo custodia policial”.
Esta dinámica, según la experta, explica por qué “no hay sentencias sobre tortura en nuestro país y se sigue negando esta práctica”, pese a su recurrencia.
La directora del ITEI identificó un problema cultural con la asociación errónea entre tortura y regímenes dictatoriales, un imaginario que normaliza la violencia estatal al presentarla como un mal exclusivo de épocas pasadas.
“Lamentablemente, en nuestro país hay una idea en el imaginario colectivo de que tortura es igual a dictadura, y esa percepción continúa hasta hoy”, señaló.
Los 1.800 casos documentados por el ITEI son solo una pequeña muestra de lo que ocurre en el país y que “de ninguna manera reflejan la totalidad de las personas afectadas”, debido a que “las personas tienen que ser muy valientes” para hacer la denuncia. El temor a represalias silencia a la mayoría.
Sobre las causas estructurales, Bravo indicó que la tortura se practica de manera consecuente, pero negándola al mismo tiempo. “Todos los gobiernos hacen eso: practican la tortura y la niegan. No solo policías y militares, sino también jueces y fiscales”.
La inacción fiscal fue señalada como clave en la perpetuación del problema. “Ante marcas de tortura, el fiscal debe ordenar de inmediato una investigación al IDIF, pero eso no ocurre”, criticó Bravo. Esta omisión deliberada, afirmó, alimenta un sistema donde “la tortura persiste porque se la niega desde el Estado”.
Pero la negación es colectiva, según el ITEI, y opera en múltiples niveles. Se invisibiliza desde las fuerzas de seguridad, la judicatura e incluso la ciudadanía, que no reconoce que esto sigue ocurriendo. Esta ceguera social, argumentó, permite que persistan métodos ilegales de coerción bajo la justificación de “seguridad”.
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