Defensores de Tariquía, cantón Chiquiacá. Foto: Plurales
El más reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advierte sobre un patrón de hostigamiento, criminalización y restricciones legales que enfrentan los activistas ambientales en Bolivia. El tercer informe sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos en las Américas detalla varios casos y tendencias que afectan directamente a quienes protegen la tierra, el territorio y los recursos naturales.
Según el documento, la CIDH ha recibido múltiples denuncias de agresiones dirigidas a personas defensoras del medio ambiente en el país. Estas acciones incluyen hostigamientos, actos de intimidación y campañas de desprestigio que buscan desacreditar su labor. La Comisión relaciona este incremento de violencia con la expansión de la industria extractiva, especialmente en zonas rurales y territorios indígenas donde se desarrollan proyectos de hidrocarburos y minería.
El informe resalta un caso emblemático ocurrido en la comunidad de Chiquiacá, en el área protegida de Tariquía, donde al menos 20 personas fueron denunciadas penalmente tras oponerse al ingreso de trabajadores de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Petrobras. Los cargos en su contra incluyen atentados contra la libertad del trabajo, instigación pública a delinquir y amenazas. Para la CIDH, este tipo de procesos judiciales constituyen formas de criminalización de la protesta ambiental y generan un clima de miedo que inhibe la defensa del territorio.
Una de las alertas más graves del informe se refiere a las agresiones contra mujeres defensoras ambientales. La Comisión documentó testimonios sobre ataques que afectan directamente sus cuerpos y sexualidad, perpetrados tanto por autoridades estatales como por miembros de sus propias comunidades. Estas violencias, advierte la CIDH, tienen un carácter de género y buscan reforzar estructuras patriarcales que desalientan la participación de las mujeres en la defensa de los recursos naturales.
El documento también aborda las limitaciones que enfrentan las organizaciones de la sociedad civil en Bolivia. La CIDH señala que el marco regulatorio vigente impone procedimientos “complejos, largos y costosos” para su registro y funcionamiento, además de exigir renovaciones periódicas. Las organizaciones denuncian que la normativa contiene prohibiciones imprecisas que pueden ser utilizadas de forma arbitraria para restringir su labor o disolverlas.
Estas restricciones, advierte el organismo interamericano, afectan directamente al derecho de asociación y al desarrollo de un espacio cívico seguro. En consecuencia, la CIDH recomienda al Estado boliviano revisar la legislación y garantizar que las organizaciones puedan operar libremente, sin temor a represalias administrativas o judiciales.
Pese a este panorama, el informe destaca un punto positivo: Bolivia es uno de los 18 países de la región que ha ratificado el Acuerdo de Escazú. Este instrumento regional obliga a los Estados a garantizar el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales, además de proteger a quienes defienden estos derechos.
Sin embargo, la CIDH subraya que la ratificación del Acuerdo de Escazú debe traducirse en acciones concretas. Instó al Estado boliviano a implementar medidas efectivas para asegurar un entorno seguro y propicio para las personas defensoras del medio ambiente, recordando que su labor es esencial para la democracia, la justicia ambiental y la sostenibilidad del país.
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