Informan que la CIDH cierra el caso de César Apaza

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comunicó al gobierno boliviano que ha decidido desestimar el caso del dirigente cocalero César Apaza, quien ha solicitado medidas cautelares porque se encuentra detenido en la cárcel de San Pedro desde hace 15 meses en un estado de salud que le obliga a ser dependiente de otros privados de libertad.

La información fue proporcionada en una carta a la Ministra de Relaciones Exteriores, Celinda Sosa, el 18 de diciembre, según reportó El Deber, citando al canal estatal. La carta indica que  «tras haber analizado la información aportada por las partes, la Comisión ha considerado oportuno cerrar el expediente de la presente solicitud, al no cumplirse los requisitos del artículo 25 del Reglamento». 

Aclara que «sin perjuicio de ello, la Comisión ha decidido dar seguimiento a la situación planteada en el marco de sus funciones de monitoreo o de otros mecanismos establecidos por los instrumentos aplicables». 

Agrega que «esta decisión no afecta las obligaciones que el Estado sigue teniendo respecto de las personas que puedan encontrarse en una situación de riesgo, conforme a los estándares internacionales aplicables».

La comisión «considera importante que el Estado continúe garantizando las condiciones dignas de detención, en cumplimiento con los estándares interamericanos mínimos en la materia. (…) proveyendo de atención y/o tratamiento médico físico y mental adecuado, especializado y continuo, ya sea dentro o fuera del centro penitenciario, buscando, en la medida de lo posible, el consenso con los médicos de confianza del beneficiario y su consentimiento informado». 

«Asimismo, la Comisión considera fundamental la permanencia de aquellas medidas adoptadas para garantizar los derechos del señor Apaza, como las visitas y el acompañamiento permanente de sus familiares».

Apaza está acusado por la destrucción del mercado ilegal de coca de Villa El Carmen, ocurrida el año pasado tras una marcha de cocaleros de Los Yungas. Sin embargo, este año el gobierno reconoció que ese mercado es ilegal.

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