Fiscalía reporta 114 procesos por bloqueos y mantiene a 26 personas con detención preventiva

Desarrollo

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Yenny Escalante

Bloqueo en el peaje de la autopista La Paz – El Alto. Foto: Eli Ortiz

La Fiscalía Departamental de La Paz informó que, tras los 53 días de conflictos sociales y bloqueos de carreteras registrados en el departamento durante mayo y junio de este 2026, se iniciaron 114 procesos penales que involucran a 335 personas investigadas. De ese total, 26 cumplen actualmente detención preventiva mientras avanzan las investigaciones, de acuerdo con ANF.

El fiscal departamental, Luis Carlos Torres, explicó que 75 de los casos fueron abiertos de oficio por el Ministerio Público y que las pesquisas continúan para determinar la responsabilidad de los involucrados en los hechos ocurridos durante las movilizaciones.

Los bloqueos fueron impulsados por sectores afines al expresidente Evo Morales, la Central Obrera Boliviana (COB) y organizaciones campesinas, principalmente la Federación Túpac Katari. Las protestas se prolongaron por 53 días y provocaron desabastecimiento de alimentos, combustibles e insumos, además de enfrentamientos entre manifestantes y efectivos policiales, siendo La Paz una de las regiones más afectadas.

Entre las personas investigadas figuran dirigentes vecinales de la ciudad de El Alto, como Alberto Quelali y Pablo Merma, además del dirigente de la Federación de Trabajadores Campesinos Túpac Katari de La Paz, Vicente Salazar, quienes permanecen recluidos en distintos centros penitenciarios.

Respecto al secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, la autoridad fiscal indicó que aún se analiza si será convocado a prestar declaración o si corresponde emitir una orden de aprehensión, debido a que su nombre aparece en las denuncias presentadas.

Finalmente, la Fiscalía señaló que la comisión de fiscales evaluará los elementos reunidos durante la investigación para definir las acciones legales que correspondan contra las personas mencionadas en las denuncias. Mientras tanto, tras el acuerdo firmado el 19 de junio entre el Gobierno y la COB, Argollo no se pronunció públicamente sobre las decisiones adoptadas por el Ejecutivo relacionadas con los aportes destinados a las organizaciones sindicales.

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