Los protestantes quemaron un vehículo, una moto e hicieron otros destrozos en La Paz. Foto: CFIN Noticias
La Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto expresaron ayer lunes su preocupación por la escalada de conflictividad y los hechos de violencia registrados en el país, y convocaron a un “Diálogo por el Bien Común” entre el Gobierno y sectores sociales movilizados para evitar una mayor confrontación.
A través de un pronunciamiento conjunto, las tres instituciones señalaron que los hechos de violencia, las expresiones verbales ofensivas y las afectaciones a terceros constituyen una vulneración de derechos humanos y advirtieron que estas situaciones “no debieran presentarse bajo ninguna circunstancia y por ningún motivo entre los bolivianos”.
El pronunciamiento fue emitido por la Conferencia Episcopal Boliviana, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto, en medio de la creciente tensión social que atraviesa el país.
Las instituciones hicieron un llamado a “contraponer la claridad de la palabra” frente a la intransigencia en el conflicto, “vigorizando la fuerza del entendimiento” y apelando a la “fecundidad del diálogo” ante la presencia de hechos violentos.
En ese marco, convocaron al Gobierno, a la Central Obrera Boliviana (COB), a la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias “Bartolina Sisa” y a la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz “Tupac Katari” a participar de un “Diálogo por el Bien Común”, con el objetivo de buscar soluciones a la crisis y reducir la conflictividad.
Las entidades informaron que esperan una pronta confirmación de los convocados para coordinar la fecha y hora del encuentro.
El documento lleva las firmas de monseñor Giovanni Arana, del defensor del Pueblo Pedro Callisaya y de la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto y provincias, Virginia Ugarte.
Aquí puede leer el pronunciamiento:
