Foto referencial de un mapa de GeoBolivia
El Instituto Boliviano de Urbanismo (IBU) expresó su preocupación por la interrupción del funcionamiento de GeoBolivia, la plataforma estatal de datos geográficos abiertos, y advirtió sobre el riesgo de su desaparición debido a conflictos administrativos internos. La entidad exigió a las autoridades el restablecimiento inmediato del servicio y garantías para su funcionamiento continuo.
“El acceso a datos geográficos es estratégico para el desarrollo nacional y no puede seguir siendo rehén de la burocracia”, señala el pronunciamiento del IBU.
GeoBolivia, fuera de servicio desde hace varios días, es el catálogo oficial de mapas y datos geográficos del Estado boliviano. Durante más de una década, ha centralizado información clave sobre el territorio nacional, como límites municipales, centros de salud, redes de agua, áreas protegidas y mapas de riesgo, disponibles de forma gratuita y sin trámites burocráticos.
Según el IBU, la paralización de la plataforma tiene efectos directos en la gestión pública y la investigación. “Las alcaldías pierden herramientas para gestionar sus municipios, las universidades ven interrumpidas sus investigaciones y el Estado queda sin información para planificar proyectos”, señala el pronunciamiento.
El Instituto recordó que esta no es la primera vez que GeoBolivia enfrenta una crisis similar, ya que en 2021 también dejó de operar por problemas internos. Advirtió que la situación actual representa un retroceso en el acceso a la información pública, reconocido como un derecho constitucional.
Ante este escenario, el IBU planteó tres demandas: la reactivación inmediata de la plataforma, la garantía de su estabilidad operativa para evitar futuras interrupciones y la posibilidad de establecer alianzas con el sector académico o con organismos multilaterales, en caso de que el Estado no pueda asegurar su mantenimiento.
El pronunciamiento también subraya que GeoBolivia es resultado del trabajo conjunto de más de cien instituciones públicas y universidades, y destaca su valor como herramienta de soberanía tecnológica y coordinación estatal.
Aquí puede leer el pronunciamiento:
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