El Día de la Mujer Boliviana, la viceministra de Igualdad de Oportunidades y Derechos Humanos, Jessica Echeverría, presentó el Reglamento de la Ley 1680 de Protección Integral y Reparación para Hijas e Hijos Huérfanos Víctimas de Feminicidio, promulgada por Luis Arce el 5 de noviembre de 2025. Luego, el presidente Rodrigo Paz firmó el decreto reglamentario que, supuse, beneficiaría a todas las niñas y niños dejados en la orfandad a causa de la muerte de sus madres en manos de sus parejas o exparejas. Víctimas de feminicidio falta todavía.
El feminicidio está en el Código Penal desde marzo de 2013. Forma parte de la Ley 348. Según datos de la Fiscalía, entre 2013 y octubre de 2026, Bolivia acumulaba más de 1.300 feminicidios. En ese mismo período, solo el 42,81 % de las causas terminaron con una sentencia condenatoria. No se dispone de cifras oficiales que den cuenta de los casos con sentencia ejecutoriada pero se estima que no superan el tercio del total.
Mientras tanto, Bolivia sigue siendo el país de Sudamérica con mayor cantidad de mujeres asesinadas por sus parejas. En ese contexto de extrema gravedad los datos sobre el número de huérfanos tampoco ha merecido atención. Llama la atención que los legisladores que hicieron la ley en 2025 y los que elaboraron el decreto no contaran con datos oficiales sobre el número de posibles beneficiarios y sus características. ERBOL reporta que desde 2020 hasta julio de 2026, la Fiscalía General del Estado registró 536 huérfanos por feminicidio, aunque esta cifra claramente no representa todavía el universo total de víctimas.
Gracias a dios que hay un día de la mujer que permite que se atienda una necesidad planteada por las familias cuidadoras y organizaciones feministas desde que se aprobó la ley 1680. El decreto reglamentario ya ha sido objeto de críticas por parte de familiares que llevan años asumiendo el cuidado de niñas y niños; sobrinos y nietos. Este establece que los beneficios anunciados se aplicarán a los huérfanos por “feminicidio y otros delitos contra la vida” recién a partir del 5 de marzo de 2026. La representante de la Asociación de Familiares Víctimas de Feminicidio, Anabel Fernández, afirmó que más de 1.600 niñas, niños y adolescentes quedarían fuera de los beneficios.
Gracias a dios también que la viceministra Echeverria tomó la palabra para prometer que “la primera tarea será realizar un registro de todas las niñas, niños y adolescentes que quedaron huérfanos por feminicidio desde la promulgación de la Ley 348, con el propósito de identificar a las víctimas, conocer sus necesidades y avanzar en la activación de los beneficios contemplados en la Ley 1680.” Habrá que apoyar esta iniciativa.
Qué fácil es legislar para la foto y ni qué decir de firmar un decreto sin medir las consecuencias presupuestarias, sociales y políticas. No basta con que el vocero José Luis Galvez salga a decir, con cara de circunstancia, que estamos ante una política prioritaria.
No digo que el Escudo de Trump, conocido como de las Américas apoye la erradicación de la violencia, ni siquiera que forme parte del pliego de la COB o de los cooperativistas mineros que pueden lograr en un tris el cambio de las políticas, pero sugiero que este bono, importante para las víctimas, forme parte de una política integral de prevención, atención y erradicación de la violencia; es una aspiración moderada.
Política prioritaria sería que en su lucha contra el crimen organizado se incluya la persecución de la trata y otras formas de violencia contra niñas y mujeres y que parte de “la platita” que se confisca sirva para su puesta en marcha. Cuando entiendan la magnitud del desafío dejarán de pensar que la violencia afecta solo familias “vulnerables”, odiosa palabreja, sino que verán el carácter sistémico de la violencia.
El gobierno debiera atender la demanda de las familias: Hacer de inmediato un registro serio y confiable, establecer los beneficios para todos los niños, niñas y adolescentes desde la aprobación de la ley 348 y entregarlos naturalmente a partir de su reglamentación. Un decreto mejorado debiera ser consultado con las familias beneficiarias, las que a diferencia de muchos sectores sociales no amenazan con bloqueos pero bien podrían ayudar a poner parámetros justos y realistas. No estaría de más ver las políticas en países vecinos como Argentina, Chile y Colombia, donde hay programas y políticas semejantes. Esto para que, como dijo una abuela, no haya huérfanos de primera y huérfanos de segunda.
Sonia Montaño Virreira es socióloga jubilada y feminista por convicción.
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