“Grandes vacíos”, “no bastan proyectos de ley”, “faltan los resultados e impactos”: Las reacciones al examen de Bolivia en DDHH

Derechos Humanos

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Mery Vaca

Los panelistas que comentaron el examen del Estado boliviano. Foto: Sumando Voces

Luego de que Bolivia rindió su Examen Periódico Universal (EPU) en materia de Derechos Humanos y recibió las recomendaciones de 99 estados miembros de Naciones Unidas, diversos actores de la sociedad boliviana expresaron sus observaciones al reporte presentado por la delegación encabezada por el ministro de Justicia, César Siles, y que además estuvo conformada por tres viceministros y por el secretario general de la Vicepresidencia, Juan Carlos Alurralde.

La presentación del examen fue seguida por organizaciones de la sociedad civil reunidas en un hotel de La Paz, donde además se instaló un panel de comentaristas, que estuvo integrado por el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, el defensor del pueblo, Pedro Callisaya, y la secretaria técnica de la Comunidad de Derechos Humanos, Mónica Bayá, en representación de una red de organizaciones de la sociedad civil que trabajó los informes alternativos del EPU.

“Yo prefiero creer que el informe se limitó a destacar ciertos avances que no se les puede negar, pero ha tenido grandes vacíos, precisamente en el ámbito de la justicia, no se han referido a los procesos que llevan a la cárcel a tanta gente, por qué están detenidos preventivos, por qué hay situaciones de procesos políticos”, dijo Rodríguez Veltzé al término del evento. Agregó que hubo “un silencio absoluto” sobre cuestiones que ya han sido advertidas por organismos internacionales, como la CIDH, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DDHH, entre otros.

El expresidente mencionó que la delegación boliviana hizo referencia al proceso de designación de altas autoridades destacando la alta participación ciudadana, pero no dijo nada de que no se haya podido elegir a cinco magistrados del Tribunal Constitucional ni que la votación por cada uno de los elegidos, excepto Potosí, no haya llegado ni al 32%.

“El 56% de los bolivianos no pudieron votar porque el Tribunal Constitucional decidió reservar para otra elección a cinco magistrados, eso no lo dijo el señor Ministro, tampoco dijo que el promedio de votación de cada uno de los elegidos, excepto Potosí, no llegaba al 32%”, mencionó Rodríguez Veltzé mientras participaba en el panel.

Entre las recomendaciones que se escucharon de los países está la de garantizar la independencia judicial, el acceso a la justicia y la de completar el proceso de elección de altas autoridades. Al respecto, la viceministra de Justicia, Jessica Saravia, dijo que el Gobierno estará vigilante de que se realicen las elecciones, pero no mencionó cuándo ni cómo se celebrarán.

Las observaciones del Defensor

El defensor del Pueblo dijo que se pueden agregar muchas cosas al informe presentado por el Gobierno y, en concreto, se refirió al destaque que hizo el Ministro sobre el traspaso del mecanismo de prevención de la tortura a dependencias del Defensor del Pueblo, pero Callisaya señaló que para que éste funcione de buena forma se requiere un presupuesto adecuado, además de evitar las limitaciones a su actuación.

El Gobierno también presentó como un logro la implementación del Sistema plurinacional de seguimiento, monitoreo y estadística de las recomendaciones sobre DDHH (SIPLUS), pero el Defensor aclaró que está desactualizado e hizo notar que en Bolivia no existe un representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Y sobre los proyectos de ley que el Gobierno presentó como avances, el Defensor señaló que contabilizó unos ocho, pero “no basta con tener proyectos de ley (…) porque por diferentes motivos no cuajan en la Asamblea”.

Y luego, Callisaya puso énfasis en la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos en asuntos ambientales que, de acuerdo a las recomendaciones de diversos países, deben ser protegidos, además de defender la casa común, es decir, el medio ambiente.

Resultados e impactos

Mónica Bayá, por su parte, dijo que la delegación boliviana hizo bastantes referencias a la adopción de políticas, programas, leyes y propuestas, pero “han faltado algunos temas importantes sobre los resultados e impactos de esas medidas, que es algo que los organismos de DDHH esperan”.

Anticipó que las recomendaciones en esta ocasión superarán las 200, porque más de 90 estados se pronunciaron en torno a la situación de los derechos humanos en Bolivia, las que van desde recomendar justicia independiente hasta garantizar las libertades fundamentales, pasando por la atención a los grupos de situación de vulnerabilidad y brindar protección a los defensores de derechos y a los periodistas.

Bayá se declaró satisfecha porque los temas que previamente han sido trabajados por la sociedad civil para ejercer incidencia en los países han sido mencionados por las diferentes delegaciones.

“Alentamos a las autoridades que a partir de este examen primero podamos tener un diálogo sobre los compromisos voluntarios que va a asumir el Estado”, dijo Bayá luego de que el ministro Siles concluyera su participación indicando que no solo se comprometen a cumplir las recomendaciones de los países sino que asumirán otros compromisos voluntarios para fortalecer los derechos humanos en Bolivia.

La representante de la red de instituciones de la sociedad civil considera importante que estas recomendaciones se cumplan y que “a partir de ellas se adopte un plan de DDHH, con una institucionalidad fortalecida, con recursos suficientes, basada en estas recomendaciones” y en otras que fueron emitidas por otros organismos internacionales.

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