El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, informó que la institución identificó al menos 22 personas fallecidas durante el periodo de conflictividad registrado en el país, que implicó mayo y junio, y pidió al Ministerio Público investigar cada uno de los casos para establecer responsabilidades.
Según el reporte presentado por la Defensoría del Pueblo, 19 de las víctimas corresponden a terceros afectados por los conflictos, mientras que tres eran personas movilizadas que, presuntamente, fallecieron como consecuencia de una intervención policial o militar.
Callisaya señaló que la Defensoría realizó gestiones ante la Fiscalía General del Estado y las Fiscalías Departamentales para que se inicien las investigaciones correspondientes, aclarando que la institución no tiene atribuciones para presentar denuncias penales, pero sí para instar la actuación de las autoridades competentes.
«Vamos a seguir monitoreando esta situación, exigiendo que estas instituciones competentes realicen la investigación, determinen responsabilidades y finalmente se aplique la sanción que corresponda», afirmó en conferencia de prensa.
El Defensor del Pueblo indicó que el seguimiento a estos hechos forma parte del trabajo institucional de defensa de los derechos humanos y aseguró que la exigencia de investigaciones ha sido reiterada en anteriores oportunidades.
Callisaya enfatizó que ninguna demanda o medida de presión puede justificar la vulneración de derechos fundamentales. «Ninguna postulación, ninguna demanda justifica la limitación del derecho a la vida, a la integridad ni a otros derechos básicos de la población», sostuvo.
La Defensoría del Pueblo anunció que continuará monitoreando el avance de las investigaciones y demandará que los casos sean esclarecidos para garantizar verdad, justicia y la protección de los derechos humanos.
