Foto referencial tomada de Bolivia Verifica
En un enérgico y unánime pronunciamiento, las principales organizaciones y gremios de la prensa boliviana se declararon en estado de alarma y exigieron el archivo inmediato del Proyecto de Ley N° 066/2025 de «Acceso a la Información», aprobado inicialmente en el Senado. Las instituciones denuncian que la norma fue tramitada sin socialización de por medio y excluyendo los consensos alcanzados en 2024 con la sociedad civil. Además, advierten que sus disposiciones contravienen la Constitución Política del Estado y los estándares internacionales al imponer restricciones al libre ejercicio periodístico.
Entre los puntos más cuestionados por los trabajadores de la prensa se encuentra la obligatoriedad de presentar una fotocopia de la cédula de identidad para solicitar datos públicos, una medida burocrática que consideran un peligro directo para la seguridad de los investigadores. Asimismo, alertaron que el proyecto obliga a los ciudadanos a garantizar que la información obtenida no cause «perjuicios a terceros», un mecanismo de amedrentamiento que —según denunciaron— otorgará discrecionalidad a los funcionarios para encubrir e impedir que salgan a la luz denuncias sobre corrupción y delitos cometidos por servidores públicos.
«Las organizaciones de la prensa firmantes expresamos nuestra alarma por la aprobación en grande, en el Senado, del Proyecto de Ley 066/2025-2026 C.S., «Ley de Acceso a la Información», que fue tratado sin ningún tipo de socialización con la ciudadanía y menos con las instituciones representativas del periodismo y de la sociedad civil», se lee en el documento firmado por siete instituciones.
Asimismo, lamentan que la propuesta normativa aprobada por la Cámara Alta el 23 de octubre de 2024, luego de amplio proceso de análisis y consenso, «haya sido omitida y que en su lugar se debatiera un proyecto que excluye todos los acuerdos y compromisos asumidos anteriormente».
Alertan que el proyecto cuyo debate fue iniciado este 2 de julio contiene disposiciones contrarias a la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2006 sobre la materia (Claude Reyes y otros vs. Chile) y que tampoco hace referencia al art. 106 de la Constitución Política del Estado, que garantiza el derecho a la información y el derecho a la comunicación.
Riesgos para la labor periodística
Los gremios consideran que la norma observada es particularmente nociva contra el trabajo periodístico, debido a las limitaciones excesivas y en algunos casos infundadas que contempla, el favorecimiento de la discrecionalidad funcionaria, los plazos inaceptables y los procedimientos engorrosos que demanda.
«La pretendida Ley determina que el ciudadano que pida información al Estado debe garantizar que ésta no genere ‘perjuicios a terceros’ y le impele a ‘asumir responsabilidad plena por la información obtenida’. Esta disposición, no solo vulnera el principio de que la información que genera el Estado pertenece a los ciudadanos, sino que además puede usarse para amedrentar e impedir que se publiquen investigaciones sobre corrupción u otros delitos cometidos por servidores públicos ya que estos alegarán ser ‘perjudicados’ por las denuncias», se lee.
Asimismo exponen que les parece «inadmisible y atentatorio a la protección de datos personales y derechos conexos» que las solicitudes de información deban ser escritas, previa entrega de fotocopia del Carnet de Identidad, y que se exija registrar los datos personales del solicitante. «Esta medida no solo es burocrática y contraria al DS 5595, sino que constituye un riesgo para la integridad y la seguridad de los trabajadores de la prensa que pueden verse en peligro cuando realizan trabajos de investigación que demanden información pública».
Complaciente con las entidades públicas
Por otro lado, se objeta que se otorgue a las entidades públicas hasta tres semanas para entregar la información, aunque esta esté disponible de inmediato. Y que se asigne a las Unidades de Transparencia de cada Institución la responsabilidad de investigar la negativa de los servidores públicos a entregar información. «Las unidades señaladas no son autónomas y sus cargos son políticos, por lo que no se puede esperar transparencia e independencia en los procesos», advierten.
Cuestionan también que la propuesta normativa dé margen para que cualquier entidad pública pueda establecer a discreción sus propios criterios de excepción. «Esto ya estuvo presente en un cuestionado proyecto de ley que el Movimiento al Socialismo presentó en 2013», apuntan.
En ese sentido, demandan «que se proceda a archivar inmediatamente el Proyecto de Ley N° 066/2025, cuya concepción, contrariamente al propósito que debiera guiarlo, es limitativa del derecho a la información reconocido por el Art. 106 de la Constitución Política del Estado».
En declaraciones a radio Panamericana, la expresidenta de la Asociación de Periodistas de Bolivia, Zulema Alanes, afirmó que la norma se aleja del espíritu con el que inicialmente fue planteada y que varios de sus artículos establecen mecanismos que podrían dificultar la obtención de información pública.
Según Alanes, durante 2023 organizaciones de la sociedad civil, periodistas y distintos actores trabajaron en una propuesta orientada a garantizar una mayor apertura de la información estatal. Esta propuesta, como ya se dijo, fue desechada en el reciente debate camaral.
Las entidades que firman el pronunciamiento son: la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), la Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional (ACPI), la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), la Asociación Boliviana de Radiodifusión (ASBORA), la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB), la Asociación de Medios Digitales de La Paz (AMDLP) y el Círculo de Mujeres Periodistas de La Paz (CMPLP).
A continuación se puede acceder al documento de tres páginas:
