Gobierno revela que la gestión de Arce conocía desde abril de 2025 el reclutamiento de bolivianos para la guerra en Rusia y no actuó

Derechos Humanos

|

|

Patricia Cusicanqui

El canciller Aramayo en conferencia de prensa. Foto: ABI.

El canciller Fernando Aramayo reveló que el gobierno de Luis Arce tenía conocimiento, desde abril del año pasado, del reclutamiento de bolivianos para la guerra en Rusia, pero no tomó ninguna acción al respecto. Por ahora, la Cancillería pudo establecer que al menos 26 bolivianos fueron llevados a ese país mediante un proceso irregular de reclutamiento para combatir a favor del Ejército ruso en la guerra contra Ucrania.

La autoridad precisó que un equipo del Ministerio de Relaciones Exteriores hace seguimiento a este caso desde noviembre de 2025, tras el cambio de gobierno, cuando se asumieron las primeras acciones por la vía consular.

«Ante los reportes remitidos inicialmente en abril de 2025, lamentablemente la anterior administración en la Cancillería (encabezada por Luis Arce) no tomó acción, pero nosotros recuperamos esa actuación desde noviembre de 2025», sostuvo en conferencia de prensa.

Aramayo explicó que, desde entonces, su despacho emprendió gestiones por las vías consular y diplomática para atender los casos. Entre ellas, destacó el envío de una misión consular a Donetsk, entre el 6 y el 9 de junio de este año, para verificar personalmente la situación de un connacional y acompañar el proceso de desvinculación de las Fuerzas Armadas rusas, además de gestionar la atención médica que requería.

Asimismo, informó que el 17 de julio se llevó a cabo una reunión de alto nivel con el embajador de Rusia en Bolivia, Dmitry Vérchenko, en la que se estableció una hoja de ruta bilateral y un canal directo de intercambio de información para dar seguimiento prioritario a los casos.

«Se han presentado notas verbales para solicitar información sobre la localización de los ciudadanos bolivianos y también para brindar asistencia técnica y, en algunos casos, gestionar su desvinculación», añadió.

Al menos 26 bolivianos en Rusia

Respecto a los connacionales llevados a Rusia, el canciller precisó que el Gobierno ha logrado establecer que al menos 26 permanecen en ese país. La mayoría firmó algún tipo de «contrato» y la ubicación de 19 de ellos aún está pendiente de confirmación.

«Tenemos registrados 26 casos de ciudadanos bolivianos bajo seguimiento, vinculados a las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa; 20 mantienen contratos activos y 19 soldados reportados están pendientes de confirmación sobre su ubicación actual», detalló.

Indicó, además, que cuatro connacionales heridos reciben atención en hospitales de campaña; uno de ellos se encuentra en proceso de desvinculación militar, de acuerdo con un reporte de la agencia ABI. Asimismo, se tiene conocimiento de un fallecido y de otro ciudadano que fue repatriado exitosamente a Bolivia.

Respecto a las denuncias de reclutamiento o intermediación irregular, el ministro señaló que el caso está en manos de las instancias judiciales, ya que corresponde al Ministerio Público investigar la posible comisión de delitos, como la captación de personas mediante engaños con fines de trata y tráfico de personas.

Comparte:

Noticias

más leídas

Indígenas, mujeres y jóvenes plantean una agenda para superar la crisis en nueves ejes

Hace 12 años que en Bolivia no se elabora un censo sobre la niñez en situación de calle

HRW advierte: “El nuevo registro de ONG de Bolivia pone en riesgo el trabajo de defensores de Derechos Humanos”

Más allá del jaguar de Guayaramerín: Preguntas que aún quedan abiertas

Los tres implicados en operaciones de minería ilegal cerca de Senda Verde se defienden en libertad

Con la mira puesta en la reforma electoral, el Órgano Electoral activará mesas de trabajo en Cochabamba

No hay ninguna convocatoria a referendo para consultar sobre la «división» del territorio de La Paz

Santa Cruz ya tiene una “ley antibloqueos” que establece alertas tempranas, coordinación institucional y sanciones

Red UNITAS reivindica la transparencia de las ONG y teme un freno a los cooperantes y proyectos por efecto del DS 5673