Dragas empleadas para la explotación de oro en el norte del país.
El Gobierno, a través del viceministro de Medio Ambiente y Biodiversidad, Ernesto Ávila, anunció un ajuste integral al plan de implementación del Convenio de Minamata para frenar el uso irregular de mercurio en la minería. Pero la autoridad también advirtió que se empleará la fuerza pública si el sector minero informal persiste en el uso indiscriminado de dicho metal líquido que facilita la extracción de oro a costa de la contaminación de ríos y suelos.
Con ese fin —dijo— se han instruido ajustes técnicos inmediatos. Un equipo especializado del Viceministerio solicitó un plazo hasta mayo de 2026 para redefinir dicha plan, reportó a agencia de noticias ABI.
Ávila señaló que, si bien se priorizará la «vía de la persuasión» para invitar a los operadores mineros a formalizarse y adoptar prácticas sostenibles, el Estado tiene la obligación ineludible de hacer cumplir los tratados internacionales. «Si eso no funciona, vamos a tener que utilizar la fuerza pública para hacer cumplir este convenio», afirmó el viceministro, según la agencia de noticias ANF.
El anuncio surge en un contexto crítico. La minería aurífera ilegal no solo ha tomado el control de zonas estratégicas, sino que ha desplazado el control estatal en territorios vulnerables, afectando a comunidades indígenas del norte de La Paz, Pando y Beni. «El sector vinculado al uso de este metal se ha fortalecido y opera incluso en áreas protegidas, lo que nos obliga a reforzar todos los mecanismos de control», explicó la autoridad.
Pese a que la gestión del Movimiento Al Socialismo (MAS) aseguró tener un avance del 90% en el plan nacional de reducción de mercurio, el documento oficial nunca fue presentado.
El Convenio de Minamata, ratificado por Bolivia, busca proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones antropógenas de mercurio. La falta de un plan concreto ha sido objeto de críticas por parte de organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil de Bolivia y los propios pueblos indígenas, que denuncian ser las principales víctimas de la contaminación por este metal pesado que se emplea para separar y explotar el oro.
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