Una investigación realizada por la Fundación Tierra reveló que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) modificó el trazo de la línea divisoria que separa “El Choré” y el “Área Desafectada” para convertir la reserva forestal en tierras de saneamiento y titulación.
“En la Zona B, el INRA tituló 2.469 hectáreas situadas en las cercanías de la antigua Concesión Forestal San Pedro y entre los ríos Yapacaní y Piraí. La mayor parte de los predios fue titulada entre los años 2010 y 2017. Para justificar esta ilegalidad, el INRA modificó el trazo de la línea divisoria que separa El Choré y el Área Desafectada del año 2000”, refiere el pronunciamiento de Fundación Tierra.
Agrega que en la Zona A, el INRA entregó 164 títulos agrarios por un total de 31.500 hectáreas, en forma de propiedades comunitarias y predios individuales de 50 hectáreas. La mayor parte de los títulos agrarios fueron concluidos y firmados entre los años 2011 y 2017.
La Fundación Tierra también asegura que el INRA realizó trabajos de saneamiento en la antigua Concesión Forestal San Pedro, interviniendo un área aproximada de 12.323 hectáreas. Y, hasta el año 2017 realizó varios trabajos técnicos de campo, en coordinación con cinco comunidades demandantes, para hacer trabajos de mensura de predios, amojonamiento, georreferenciación, distribución de predios de 50 hectáreas por unidad, entre otros.
“Esta intervención del INRA fue ejecutada con pleno conocimiento de que el área en cuestión, desde un inicio, era tierra fiscal no disponible por ser parte integral de la Reserva Forestal El Choré. Es decir, la intervención del INRA nunca debió haber comenzado. Al día de hoy, esta zona permanece bajo el control de las comunidades asentadas ilegalmente que coordinaron el proceso de saneamiento con las autoridades agrarias”, acotan.
En ese sentido, la Fundación criticó que la principal autoridad de tierras deslinde responsabilidades al señalar que en su gestión no se entregaron títulos y, al mismo tiempo, guarde silencio sobre las ilegalidades en curso y las gestiones anteriores.
“El instituto agrario tiene el mandato y la obligación de iniciar los procesos legales y administrativos que correspondan para denunciar, revertir y anular todos los títulos agrarios que afectan a la reserva forestal. También tiene la obligación de suspender y anular de inmediato todos los procesos de saneamiento en curso que sobrepasan los límites de la reserva forestal. Y, sobre todo, tiene el mandato de proceder al desalojo con apoyo de la fuerza pública de los asentamientos ilegales que controlan la Zona B y otras áreas de la reserva forestal”, finaliza el pronunciamiento.
También le puede interesar:
