Están en curso 700 trámites de resarcimiento a las víctimas de las dictaduras

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El Ministerio de Justicia informó que están en curso 700 trámites para el pago de resarcimiento a las víctimas de las dictaduras, de los cuales, 600 ya fueron remitidos al Ministerio de la Presidencia.

El Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales presentó un informe sobre los avances al acuerdo nacional suscrito entre esa cartera de Estado y las víctimas de violencia política, mediante el cual el Gobierno se comprometió a pagar el 80% del resarcimiento, puesto que el otro 20% ya se canceló en el año 2004, durante el gobierno de Carlos Mesa.

“En respuesta a ese primer compromiso, desde el 15 de diciembre de 2022 se está recibiendo solicitudes de pago; al momento, aproximadamente 700 trámites están en curso de los cuales 600 casos ya fueron remitidos al Ministerio de la Presidencia”, indica una nota de prensa de esa cartera de Estado.

En mayo de este año, cuando empezó el pago a las víctimas de la violencia política, el gobierno informó que un total de 1.700 víctimas habían calificado para recibir el beneficio, de las cuales, 200 habían cobrado en los dos primeros días de pago, por lo que ahora se puede colegir que 600 ya recibieron el dinero.

El resarcimiento se realiza en el marco de la Ley 1446, del 25 de julio de 2022, que establece el pago y se autoriza al Ministerio de Economía, a través del Tesoro General de la Nación, asignar recursos por un monto de hasta Bs 99,9 millones.

El año 2004 se aprobó la Ley 2640, pero solo se llegó a pagar el 20% del monto acordado y el año pasado el gobierno de Luis Arce, luego de que se cumplieran 10 años de una vigilia de víctimas en El Prado, se comprometió a pagar el restantes 80%.

El Ministerio de Justicia también informó que el proyecto de ley para establecer un procedimiento excepcional de revisión del proceso de calificación fue aprobado en la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (Udape), en el Consejo de Política Económica y Social (Conapes) y en el gabinete ministerial, mientras que el 15 de agosto fue aprobado en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Ahora resta su paso al pleno camaral.

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