Esta semana se conoció la ratificación de la Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que inhabilita al expresidente Evo Morales, declarando inconstitucional la reelección por más de una vez, ya sea de manera continua o discontinua.
Muchos creemos que el TCP carece de plena confiabilidad. Si bien hubo cambios en sus miembros, continúan los autoprorrogados. Este fue justamente el argumento de los defensores de Evo Morales, quienes indicaron textualmente que les tiene “sin cuidado” esa ratificación. Lamentablemente, también ejercieron sin cuidado la administración del país durante 14 años: desde la falta de previsión en la provisión de combustible a mediano y largo plazo, hasta el descuido hacia quienes votaron por ellos. Con el pretexto de un fondo para ayuda a poblaciones indígenas, se ejecutó uno de los desfalcos más grandes de los últimos tiempos: desde 102 millones de bolivianos según fuentes gubernamentales, hasta 600 millones de dólares, según otras investigaciones.
Por otro lado, y vale la pena recordarlo, el 21 de febrero de 2016 se realizó un referéndum en el que se preguntó a la población sobre la reelección y la modificación del artículo 168 de la Constitución Política del Estado (CPE). La población respondió que no estaba de acuerdo con la reelección ni con la modificación de la CPE. Sin embargo, Evo Morales ignoró este resultado, desoyó la voz del pueblo y su equipo buscó vericuetos legales para permitir una nueva postulación.
Es evidente que Evo Morales y sus seguidores quieren permanecer en el poder. El juego de colocar a un peón en el tablero a la espera del retorno —me refiero a la decisión de Evo Morales, como principal dirigente del Movimiento al Socialismo, de colocar como candidato a la presidencia a Luis Arce en las elecciones de 2020— no le salió como esperaba. Probablemente tampoco anticipó el impulso que ha venido ganando Andrónico Rodríguez. En todo caso, la jugada le salió mal. Los otros también quieren quedarse en el poder, y es probable que esto termine en un acuerdo “por el pueblo”, donde los tres terminen, de una u otra forma, aferrándose al poder y protegiéndose entre sí.
En cuanto a las re-reelecciones, lo más grosero en términos de tiempo, desinstitucionalización y gestión ineficiente ha sido lo protagonizado por Evo Morales. No obstante, también hubo otros mandatarios que ocuparon la presidencia en más de un periodo: Víctor Paz Estenssoro, Hugo Banzer Suárez y Andrés de Santa Cruz. A nivel municipal, autoridades como Percy Fernández, Juan del Granado y René Joaquino también ejercieron más de un mandato.
En las democracias representativas, el principio de alternancia en el poder es uno de sus pilares fundamentales. La posibilidad de reelección puede ser compatible con la democracia cuando está limitada, regulada y sujeta a un escrutinio institucional. Sin embargo, cuando los líderes buscan reelegirse una y otra vez, esta práctica suele reflejar una deriva autoritaria y una erosión de los principios democráticos.
Cada reelección consecutiva aumenta el poder del mandatario, reduce los contrapesos institucionales y debilita a la oposición. Esto es evidente en casos como el de Evo Morales en Bolivia, Daniel Ortega en Nicaragua o Nicolás Maduro en Venezuela, donde el aparato del Estado se pone al servicio del líder reelecto. En estos contextos, las instituciones dejan de ser árbitros y se convierten en instrumentos del poder.
Al momento de elegir, más allá de lo que diga un tribunal, no olvidemos lo que dijo Bolívar: «Nada es más peligroso que dejar permanecer largo tiempo a un mismo ciudadano en el poder».
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Cecilia Vargas es cirujana y docente universitaria.
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