El proceso a Edgar Villegas y sus consecuencias para la libertad de expresión

Derechos Humanos

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Rodolfo Huallpa

Edgar Villegas en conferencia de prensa desde la Asociación de Periodistas de La Paz. Foto: DTV.

Boletín Alerta Común

“Todo ciudadano que le haya mentido al pueblo boliviano tiene que ser sancionado”. Con esa consigna, en 2 de octubre de 2023 el diputado Renán Cabezas (MAS) presentó una denuncia por el delito de “instigación pública a delinquir” en contra de Edgar Villegas, el ingeniero de sistemas que detectó evidencias de manipulación en actas electorales en los comicios generales de 2019. El pasado 5 de febrero, la Fiscalía imputó a éste por el delito de “instigación pública a delinquir”.

Cabezas acotó que la denuncia se sustenta en “datos falsos (y) desinformación a la población” que generó Villegas al difundir que los datos del cómputo final y del Sistema de Transmisión Rápida y Segura de Resultados (TREP) no coincidían. “Hemos demostrado que esos datos son falsos, hay informes del TSE (Tribunal Supremo Electoral), hay sentencias constitucionales y el golpe de Estado se ha desvirtuado”, expresó a los medios de comunicación.

El 24 de octubre de 2019, mientras estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés eran gasificados por las fuerzas policiales en su protesta por irregularidades en el conteo de votos, Villegas, en representación de un grupo de informáticos e ingenieros, presentaba en el programa “Jaque Mate” de TVU un informe y análisis de los resultados del TREP y del cómputo oficial, que, entre otras conclusiones, encontró alteraciones en el 3% de las actas computadas, que favorecían en votos al MAS y restaban a Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa.

“Estos son datos obtenidos desde la página web del Órgano Electoral Plurinacional y este análisis sólo es la punta del iceberg, porque son análisis de datos publicados (…), acá no están fraudes como cambio de papeletas o actas, sólo sobre los datos computados, sólo estamos mostrando la superficie”, explicó Villegas ese 24 de octubre.

Luego de su participación en el programa, tanto Villegas como la periodista Ximena Galarza fueron víctimas de intimidación, razón por la que la organización Amnistía Internacional alertó del peligro que ambos atravesaban por “investigar y denunciar el fraude electoral”.

Conocida su imputación, Villegas brindó una conferencia de prensa el pasado 1 de abril y se declaró un “perseguido político” y calificó el proceso en su contra como una pretensión de acallarlo y vulnerar la libertad de expresión. “¿Cuál fue mi delito en 2019? Simplemente decir la verdad, salir en los medios de comunicación mostrando un estudio técnico sobre las irregularidades que habíamos encontrado (…) Quiero recalcar que dicho estudio se basó en los datos publicados por el mismo Órgano Electoral Plurinacional”, declaró.

Además, citó la auditoría al proceso electoral de 2019 de la Organización de Estados Americanos (OEA), solicitada por el entonces presidente Evo Morales, que concluyó que las elecciones nacionales de 2019 no siguieron buenas prácticas ni respetaron estándares de seguridad, lo que permitió que cualquiera podía acceder al sistema electoral o se usaran datos de un TREP cuestionado y se ingresara a la base de datos durante el día de las elecciones, además de que hubo “manipulación dolosa”, entre otros cuestionamientos.

La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y sus nueve asociaciones cuestionaron la imputación a Villegas y mencionaron que ésta, además de estar motivada por “razones políticas”, “constituye una grave amenaza contra el derecho a expresar y difundir ideas e información, limita el derecho de acceso a la información del conjunto de la población y conlleva el peligro de inhibir su ejercicio pleno y sin restricciones por miedo a ser injustamente juzgado”.

La coordinadora de la Fiscalía, Nilda Calle, mencionó que el proceso abierto en contra de Villegas tomó en cuenta el estudio realizado por la Universidad de Salamanca, que negó irregularidades en el cómputo electoral del 2019. Tal informe, titulado “Análisis de integridad electoral, elecciones generales del Estado Plurinacional de Bolivia 20 de octubre de 2019”, concluye que en las elecciones de 2019 no hubo manipulación de datos del cómputo oficial ni del TREP.

Calle, además, aseguró que el Ministerio Público no realiza una persecución política al ingeniero informático y precisó que el delito por el que se lo investiga tiene una pena de un mes a un año, “que puede ser ampliada si se determina que la instigación haya sido un delito propio, esto no da a lugar a una detención preventiva”.

Mientras Villegas brindaba su conferencia de prensa en la sede de la Asociación de Periodistas de La Paz, un contingente policial llegó a los predios de ésta para, según indicó un uniformado a la prensa, “resguardar la infraestructura”. Las personas que se encontraban en las afueras del edificio reclamaron por la presencia policial, pues temían que era una forma de amedrentar al ingeniero o intentar detenerlo.

Análisis

La libertad de expresión tiene una dimensión individual, consistente en el derecho de cada persona a expresar los propios pensamientos, ideas e informaciones; y una dimensión colectiva o social, consistente en el derecho de la sociedad a procurar y recibir cualquier información, a conocer los pensamientos, ideas e informaciones ajenos y a estar bien informada[1]. Ambas dimensiones son interdependientes e igualmente importantes.

Desde esa perspectiva, la libertad de expresión protege, en principio, casi todo tipo de discursos, información y contenidos, más aún, los discursos sobre asuntos de interés público son objeto de una protección reforzada debido a la relación estructural que guardan con la democracia; la protección de estos discursos es una herramienta clave para la participación política, el desarrollo de elecciones libres o la protección de otros derechos humanos.

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