De los seis defensores del Pueblo que ha tenido el Estado boliviano, a uno lo destituyeron y otro renunció por denuncias de violencia hacia la mujer. En esa lista formal no ingresa una interina que estuvo varios años en el cargo y que se la jugó totalmente para proteger y tapar todas las violaciones a los derechos humanos de los gobiernos del MAS. Incluso, en ejercicio de sus funciones como defensora del Pueblo, participó en una asamblea de cocaleros en el Chapare, donde arengó a las bases sociales a defender a Evo Morales.
Esta institución tan esencial, cuyo mandato constitucional es claro —defender, promover, exigir y generar todas las acciones constitucionales para la vigencia de los derechos humanos de los más de once millones de bolivianos—, hoy se encuentra en una situación delicada. Esto se debe, precisamente, a los cuestionamientos sobre el rol que desempeñó el defensor del Pueblo en los más de 50 días de bloqueos, donde desde la primera jornada de los movilizados se vulneraron, pisotearon y violentaron los derechos humanos.
Hubo un pueblo bloqueado que sintió la ausencia de su institución; la misma Defensoría del Pueblo que en las gestiones de Ana María Romero, Waldo Albarracín y Rolando Villena se destacó por tener visiones claras en relación con el derecho a la protesta, argumento del que siempre hacen uso quienes apelan a la violencia y a los cercos.
Aquellos defensores supieron mantener distancias con el poder de turno, porque la Defensoría del Pueblo no existe para apañar o darle carta blanca al gobernante para que imponga sus medidas, aunque ese poder no quiera piedras en su camino. Así intentó hacerlo Evo Morales con el defensor del Pueblo Rolando Villena, quien tuvo la valentía de denunciarlo en los casos de la marcha del TIPNIS y su violenta represión, el caso armado del Hotel Las Américas, la situación terrible de las cárceles de Bolivia y los alarmantes niveles de impunidad en los casos de corrupción.
Lo elemental en un Estado democrático es el respeto a las leyes y al rol de las instituciones, así como aquello que se pregonó hace siglos: la independencia de poderes. Aunque la Defensoría del Pueblo no es propiamente un poder del Estado —ya que, de acuerdo con la Constitución Política, Bolivia cuenta con cuatro poderes: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral—, debe cumplir sus responsabilidades sin injerencias, sin esperar que el poder le dicte las órdenes y sin convertirse en una oficina más del Órgano Ejecutivo.
Pero estos recientes bloqueos han desnudado la debilidad institucional de la Defensoría del Pueblo en varios escenarios. Esto se basa en la percepción del pueblo bloqueado, que sintió la ausencia de la autoridad defensorial y denunció que sus derechos fueron vulnerados sin que existieran acciones contundentes a su favor.
Esta inacción no gustó a grupos de parlamentarios y sectores que hoy están pidiendo la renuncia o destitución de la autoridad, bajo el argumento de un accionar condescendiente a favor de los bloqueadores. La bancada parlamentaria de LIBRE, junto a parte del PDC, han activado procesos penales y constitucionales contra el defensor del Pueblo, Pedro Callizaya, quien presentó su informe ante la Comisión de Constitución del Senado, el cual fue formalmente observado y rechazado.
Si bien la CPE señala este camino y el poder político tiene la facultad de ejecutarlo, se abren ciertas interrogantes ante este proceso de destitución. Podría estarse delineando una ruta peligrosa recurriendo a la justicia en este escenario posbloqueos, bajo los argumentos ya esgrimidos para descabezar a las autoridades que no se muestren subordinadas al poder central.
Los gobiernos del MAS tuvieron a todas las instituciones del Estado bajo su mando y no había nadie que las cuestionara. Lo peor fue que el sistema judicial se convirtió en una poderosa arma de Evo Morales y Luis Arce para acallar voces y mandar a la cárcel a quienes se oponían, valiéndose de interinatos durante más de 20 años de ejercicio del poder. El Poder Judicial estuvo amordazado y dictando sentencias a pedido del mandatario. Pero ahora, las cosas empiezan a reclamarse.
¿Buscará lo mismo Rodrigo Paz? ¿Hay una estrategia para subordinar los derechos humanos al control gubernamental? ¿Debe ser destituido el defensor del Pueblo por su cuestionado rol en los conflictos, o existen otros intereses para defenestrar a tan importante institución del Estado?
Por lo pronto, la Defensoría del Pueblo ya está recibiendo golpes bajos, como el anuncio del cierre de cinco oficinas y la desvinculación de funcionarios como consecuencia de un recorte presupuestario que afectará seriamente su capacidad operativa, según advirtió el propio Callizaya.
Más allá de las críticas contra el defensor y de los recursos constitucionales que diputados y senadores pueden activar para la destitución de la autoridad defensorial, queda una lección importante que debemos aprender en el ejercicio de las funciones que nos corresponden.
Recurriendo a la literatura nacional, el periodista y escritor Augusto Céspedes —autor de libros imprescindibles para entender la historia de Bolivia, como El presidente colgado o El dictador suicida— nos plantea en uno de sus cuentos más hermosos y poderosos, El pozo, la lección más importante para los que nos gobiernan, sea cual sea el puesto en el que se desarrollen.
Céspedes cuenta cómo un grupo de soldados bolivianos defendió un pozo con uñas y dientes en medio de la guerra; dieron sus vidas por ese pequeño espacio que contenía algo de agua. Los soldados paraguayos arremetieron con todo, logrando matar a casi todos los combatientes bolivianos. Al quedar un par de sobrevivientes, un capitán paraguayo, asombrado por la valentía, entereza y entrega total de los bolivianos por defender ese pozo, le pregunta al oficial boliviano: «¿Por qué defender ese pozo en medio del monte? ¿Por qué se dejaron matar así?», asombrado y maravillado.
El oficial boliviano simplemente le contesta: «Porque hemos cumplido con nuestro deber con la Patria; hemos cumplido con nuestras responsabilidades».
Eso es exactamente lo que todo gobernante y autoridad debe tomar en cuenta, sin cálculos políticos ni complicidades: cumplir a cabalidad con sus roles constitucionales.
Hernán Cabrera es periodista y licenciado en Filosofía.
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