La política siempre ha tenido una dimensión narrativa. Quienes aspiran a conquistar el poder necesitan construir una historia que explique quiénes son, qué representan y por qué la ciudadanía debería confiarles su futuro. Sin embargo, en las últimas décadas, los escenarios de disputa política han cambiado. Hoy, el poder también se construye en las redes sociales, las tendencias digitales y los mensajes capaces de influir en la opinión pública en cuestión de segundos. Gobernar ya no significa únicamente tomar decisiones y ejecutar políticas públicas. También implica comunicar, producir imágenes, administrar emociones y construir percepciones. Una misma decisión puede presentarse como una transformación histórica o como un fracaso, dependiendo de quién la comunica y del relato que se construye a su alrededor.
El problema no está en que los gobiernos utilicen las nuevas tecnologías para informar sobre sus acciones. La comunicación pública es necesaria en cualquier democracia. El verdadero problema aparece cuando comunicar sustituye a gobernar, cuando la imagen importa más que los resultados y cuando construir un relato favorable adquiere mayor importancia que rendir cuentas. Las redes sociales permiten a los gobernantes comunicarse directamente con la población, anunciar decisiones y responder a sus adversarios sin depender exclusivamente de los medios tradicionales. Esta posibilidad puede acercar las instituciones a la ciudadanía, pero también puede convertirse en un mecanismo de concentración de poder cuando se utiliza para evitar preguntas, desacreditar a quienes fiscalizan y presentar una versión oficial como la única interpretación válida de la realidad. En este escenario, la figura del gobernante puede llegar a ocupar un lugar desproporcionado. Las instituciones, los equipos técnicos y las políticas públicas quedan en segundo plano, mientras la atención se concentra en la personalidad de quien ejerce el poder. El líder anuncia, responde, confronta y protagoniza prácticamente todos los acontecimientos.
Este fenómeno no pertenece a una sola corriente ideológica. Puede aparecer en gobiernos de distintas orientaciones políticas, aunque cambien los discursos, los símbolos y los adversarios elegidos. En todos los casos, el riesgo es similar: concentrar las expectativas colectivas en una persona y hacer creer que su liderazgo es indispensable para resolver los problemas de la sociedad. Estas narrativas encuentran terreno fértil en sociedades marcadas por la desconfianza institucional, la corrupción, los servicios públicos deficientes y las promesas electorales incumplidas. Cuando las instituciones no responden, la ciudadanía comienza a buscar liderazgos que transmitan seguridad, autoridad y capacidad de decisión. Por eso, no basta con señalar la manipulación comunicacional; también es necesario reconocer los problemas reales que hacen atractivos estos discursos. Sin embargo, existe una diferencia entre responder al malestar ciudadano y utilizarlo permanentemente como instrumento político. Una cosa es comprometerse a transformar las instituciones y otra mantener a la sociedad en una confrontación constante, donde siempre existe un enemigo al que responsabilizar.
La construcción del enemigo es uno de los recursos más eficaces de la política contemporánea. Problemas complejos como la pobreza, la inseguridad, la corrupción o la crisis económica terminan reduciéndose a una disputa entre buenos y malos. En lugar de discutir sus causas y posibles soluciones, el debate se concentra en identificar culpables. El peligro de esta lógica es que debilita la posibilidad de construir acuerdos. Cuando quienes piensan diferente son presentados como enemigos del país o adversarios del pueblo, el pluralismo pierde legitimidad. Una democracia necesita confrontación de ideas, fiscalización y debate, pero no necesita enemigos permanentes.
A esta situación se suma la transformación del ecosistema informativo. Las redes sociales han acelerado la circulación de contenidos y modificado la manera en que las personas consumen información. Una declaración puede alcanzar millones de visualizaciones en minutos, mientras una investigación periodística que requirió semanas de trabajo puede pasar desapercibida. La velocidad, sin embargo, no siempre está acompañada de rigor. Los contenidos que generan indignación, miedo o confrontación suelen tener mayor capacidad de circulación que aquellos que requieren contexto y reflexión. Así, la información compite con el entretenimiento y los asuntos públicos terminan reducidos a mensajes breves, emocionales y fáciles de compartir. A veces basta con instalar suficientes dudas para debilitar la confianza en cualquier fuente de información. Cuando todo parece cuestionable y cualquier investigación periodística es descalificada por intereses políticos, la ciudadanía pierde herramientas para distinguir los hechos de las interpretaciones interesadas.
La popularidad digital puede medir el alcance de un mensaje, pero nunca sustituir la evaluación de resultados. El ciudadano no debería limitarse a esperar la siguiente publicación del gobernante. Debe tener capacidad para exigir explicaciones, cuestionar decisiones y participar en la construcción de soluciones. La democracia necesita instituciones que funcionen, organizaciones sociales independientes, medios libres y ciudadanos capaces de ejercer pensamiento crítico.
Por eso, el desafío no consiste en abandonar las redes sociales, sino en comprender que la tecnología no es democrática por sí misma. Sus efectos dependen de cómo se utiliza y de la capacidad de la sociedad para acceder a información confiable, contrastarla y cuestionarla. También existe una responsabilidad ciudadana. No podemos exigir transparencia a los gobiernos mientras compartimos información sin verificarla. Tampoco podemos reclamar debate democrático y, al mismo tiempo, celebrar la descalificación de quienes piensan diferente. La alfabetización mediática y digital debe convertirse en una prioridad: aprender a identificar fuentes, contrastar datos y reconocer contenidos manipulados es fundamental para ejercer una ciudadanía informada.
En definitiva, el poder de las narrativas no reside solamente en contar una historia, sino en la capacidad de establecer qué debe pensar una sociedad, a quién debe responsabilizar y qué problemas merecen su atención. Quien consigue imponer una interpretación dominante de la realidad puede condicionar el debate público y desplazar asuntos que requieren respuestas urgentes. Porque cuando gobernar se convierte en un espectáculo, corremos el riesgo de confundir una buena puesta en escena con una buena gestión. Mientras la imagen del gobernante ocupa el lugar de las instituciones, los problemas reales continúan esperando respuestas.
La política necesita recuperar su sentido esencial: servir a la sociedad y administrar responsablemente los asuntos públicos. Las redes sociales pueden acercar a los gobernantes a la ciudadanía, pero nunca deberían sustituir la transparencia, la rendición de cuentas ni la deliberación democrática. Al final, la pregunta no debería ser quién domina la conversación digital o quién construye el relato más convincente. La pregunta es quién está dispuesto a gobernar bajo el escrutinio de una ciudadanía libre, informada y capaz de cuestionar. Porque una democracia no se fortalece cuando todos repiten la historia de quien gobierna. Se fortalece cuando nadie tiene el poder de impedir que esa historia sea cuestionada.
Walberto Tardio es activista y estudiante de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales.
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