(Parte uno del reportaje ganador del fondo concursable convocado por la Asociación de Periodistas de La Paz).
Rodrigo Fernández es un periodista que trabaja en la red Erbol de la ciudad de La Paz. Él sufrió la pérdida auditiva del oído izquierdo, producto de la explosión de un petardo en su hombro, que, según su testimonio, fue disparado por un grupo de choque del MAS en la cobertura que hacía a una manifestación de la población paceña en enero de 2023, en demanda de la libertad de los presos políticos. En esa ocasión, al menos nueve periodistas de diferentes medios fueron agredidos, pero Rodrigo fue el más afectado.
Él denunció el caso ante el Ministerio Público, que muy poco hizo para dar con los autores del hecho. La investigadora asignada fue la fiscal Viviana Quispe, quien meses después de presentada la denuncia, determinó cerrar el caso debido a la falta de pruebas que, denunció Fernández, se esperó a que él presentara e investigara. “Yo no debería enseñar a investigar a un funcionario de la Policía que está preparado para eso”, reclamó el periodista.
“Considero y puedo afirmar que la agresión y daño que han causado en mi salud, en mi oído izquierdo, ha quedado en impunidad. Los agresores están impunes. Hay antecedentes que a vista y paciencia los policías no impiden que estos afines (al MAS) utilicen estos petardos y los apunten contra la integridad física de las personas y es evidente y reiterativo. A vista y paciencia de los policías ocurre aquello”, deploró Fernández.
El periodista comentó que la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, lo llamó horas después de la agresión para expresarle su solidaridad y apoyo, pero, dijo, sólo fueron palabras que no se concretaron en hechos que permitan buscar justicia y reparación del daño.
Para Fernández es irónico que el gobierno brinde apoyo cuando es, según él y con pruebas de otras coberturas periodísticas, el que organiza estos grupos de choque. “Ellos (el Gobierno) dicen defender a la prensa y a la libertad de expresión, pero por debajo, si no son ellos, sus colaboradores son los que organizan estos grupos de choque y es más que evidente que obligan (a los funcionarios) a ser violentos”, denunció.
