Bloqueos en Bolivia. Foto: El Diario
El recrudecimiento de los conflictos sociales en Bolivia, caracterizado por bloqueos masivos de carreteras que alcanzaron los 84 puntos activos a mediados de junio, ha dejado un saldo trágico de al menos 14 personas fallecidas entre el 1 de mayo y el 15 de junio de 2026. Según el tercer reporte preliminar de la Defensoría del Pueblo, estas muertes están presuntamente vinculadas a la imposibilidad de acceder a servicios médicos oportunos o a incidentes derivados directamente de la crisis vial.
El informe detalla casos de ciudadanos que perdieron la vida al no poder sortear las barricadas para recibir atención especializada. Entre las víctimas se encuentran pacientes oncológicos y personas con insuficiencia renal que no lograron llegar a sus sesiones de quimioterapia o diálisis.
Uno de los casos destacados es el de Jhelly Villanueva Medina, quien padecía insuficiencia renal crónica y falleció tras verse obligada a tomar rutas alternas debido a los bloqueos. Asimismo, se reportó el deceso de Ana Gabriela Mayta Laruta, una joven con una enfermedad de base que convulsionó durante tres horas antes de que una ambulancia pudiera recogerla, enfrentando retrasos críticos para llegar al hospital. La tragedia también alcanzó a menores de edad, como una niña de 12 años con cáncer en Tambo Quemado y un niño de 8 años de Pocoata, quienes fallecieron tras no poder movilizarse debido a los puntos de bloqueo.
La lista de fallecidos incluye también a personas involucradas en labores de asistencia y a trabajadores del transporte. El 11 de junio, un siniestro acuático en el lago Titicaca cobró la vida de dos marinos de la Armada Boliviana (Sof. My. Rolando Medardo Flores Arias y Sof. Inicial Miguel Angel Iver Condori Mamani) y dos civiles mientras realizaban tareas de apoyo a personas afectadas por el corte de rutas.
Por otro lado, se registró la muerte del transportista Jose Alberto Quintanilla Torrico, quien falleció en una vía alterna de Llallagua al intentar reparar su vehículo en condiciones de frío extremo. Otros casos incluyen a ciudadanos que murieron dentro de vehículos particulares o minibuses mientras esperaban que se les permitiera el paso, como Cristina Mamani Herrera, quien falleció por complicaciones de vesícula retenida en la zona de Senkata.
Vulneración del derecho a la vida y exigencia de justicia
La Defensoría del Pueblo calificó estos hechos como una grave vulneración del derecho a la vida y a la salud. El documento enfatiza que el Estado tiene la obligación de establecer corredores humanitarios y garantizar el libre tránsito en casos de emergencia médica.
Ante esta situación, la institución defensorial instó al Ministerio Público a llevar adelante las investigaciones con celeridad, objetividad y transparencia para garantizar que las familias de las víctimas accedan a la justicia y conozcan la verdad sobre las circunstancias de estos decesos. El reporte concluye que la falta de acuerdos sostenidos y la limitada respuesta institucional han profundizado una crisis multidimensional que hoy se cuenta en vidas humanas.
