Editorial Sumando Voces
La libertad de asociación y otros derechos humanos están en serio riesgo en Venezuela y Nicaragua, donde el espacio cívico se ha ido cerrando poco a poco sin que haya poder humano que haga cambiar de posición a los gobernantes de aquellos dos países.
Civicus Monitor sitúa el espacio cívico de ambos países en la categoría “cerrado”, que es el peor escenario en este índice de medición.
Traemos el tema del espacio cívico a este editorial porque en Venezuela ha vuelto a la agenda pública la ley que pretende limitar el trabajo de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), al punto de impedirles operar e incluso de penalizarlas en momentos en que se requiere la presencia activa de la sociedad civil para observar el proceso electoral que está en curso y que, a propósito, transita también por rutas autoritarias porque acaba de ser inhabilitada la candidata de la oposición, María Corina Machado.
Se trata del proyecto de “Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y afines”, que ha sido rechazado por organismos internacionales y por entidades de la sociedad civil de la región porque ven, en el trasfondo, una abierta vulneración de los derechos humanos.
El citado proyecto, aprobado en primera instancia el año pasado, ha sido reactivado en enero de este año, con una consulta pública, de la que no participaron las organizaciones afectadas, en la que se dio a conocer una lista preexistente de 62 entidades acusadas de delitos sancionables con esta ley.
Nicaragua también está sumida en esta penumbra que afecta al espacio cívico. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció a finales del año pasado que 3.390 organizaciones de la sociedad civil fueron afectadas con la cancelación de su personería jurídica entre el 18 de abril de 2023 y el 31 de agosto de 2023, de un total de 7.227 organizaciones registradas legalmente en el país en 2018.
En ese marco, las que sufrieron un duro embate del poder fueron las organizaciones religiosas. Recordemos que solo en fin de año, unos 15 sacerdotes fueron detenidos en Nicaragua y algunas órdenes como la Compañía de Jesús perdieron sus bienes y fueron expulsadas del país.
La situación en estos dos países es alarmante porque deja a la sociedad civil en situación de vulnerabilidad ante regímenes todopoderosos que actúan con impunidad sin que nadie haga contrapeso a su poder.
Sin embargo, lo que sucede en Nicaragua y Venezuela es también una voz de alerta para Bolivia, donde las ONGs están siendo sometidas a engorrosos trámites para renovar sus personerías jurídicas y, según datos oficiales del propio Gobierno, éstas han reducido su presencia en Bolivia de 2.165 en 2015, a 166 el 2024.
De hecho, Civicus Monitor pone a Bolivia en la categoría “obstruido”, lo que implica que si bien existen organizaciones de la sociedad civil, su trabajo es limitado por el poder, lo que incluye vigilancia al margen de la ley, acoso burocrático y declaraciones públicas hostiles, aunque los niveles no son tan alarmantes como los registrados en Nicaragua y Venezuela.
El cierre de ONGs, fundaciones y otras organizaciones de la sociedad civil es un patrón de los regímenes autoritarios que no quieren ser fiscalizados ni cuestionados en su accionar, precisamente porque estas organizaciones se ponen del lado de la democracia, los derechos humanos y convierten a las poblaciones en situación de vulnerabilidad en sus directas beneficiarias.
Un espacio cívico abierto es sinónimo de una democracia saludable. El derecho a la asociación, junto a la libertad de expresión y el derecho a la reunión pacífica, configuran un escenario propicio para garantizar otros derechos humanos.
