Daniel Espinoza
Han pasado casi cinco años desde uno de los episodios más lamentables en la historia de Bolivia. El 19 de noviembre de 2019, en circunstancias que aun no han quedado del todo claras, un contingente militar – policial intervino en la zona de Senkata, en El Alto. Al finalizar la intervención, 10 hermanos bolivianos habían sido asesinados, y alrededor de 100 habían sido heridos. Este lunes inicia la etapa oral del proceso contra la ex presidenta Añez, sus ministros Murillo y Lopez, y los oficiales que conformaban el mando militar en ese entonces, y es necesario hablar de algunas acotaciones sobre las responsabilidades.
Recuerdo un video viral sobre este suceso, captado por celular, en el que un grupo de militares disparaban sus armas a discreción, en un territorio alto, sin indicio alguno de peligro para ellos (ni para nadie). Recuerdo otro de un par de militares escondiéndose tras una pared, disparando ocasionalmente, como si del otro lado se encontrara otro grupo armado. Recuerdo una teoría y un supuesto informe de inteligencia difundidos por Murillo y otras autoridades, alertando que un grupo de personas quería explotar la planta de gas en Senkata. Recuerdo el temor creciente de la población, el racismo y la polarización.
Leí informes, escuché noticias, presencié declaraciones y discutí varias veces sobre los argumentos del gobierno para justificar esta intervención militar, llegando a indicar que los proyectiles que hirieron y mataron provenían de armas que no pertenecen al arsenal del Ejército boliviano, pero no pude acceder a una prueba contundente que los exima de responsabilidad. Incluso solicitamos el informe de inteligencia a las autoridades respectivas, por conducto regular y en entrevistas, pero nunca nos llegó nada. No hay información disponible, hasta ahora, que pueda liberar de responsabilidad a los acusados.
En la línea de mando, nuestra Constitución es clara. Las Fuerzas Armadas dependen de la presidenta o presidente del Estado, y reciben sus órdenes a través de los ministros de Defensa y de Gobierno (Lopez y Murillo, respectivamente). Mucho se ha hablado de la injerencia de Murillo y de otros en la gestión pública y la toma de decisiones del gobierno de Añez, pero la situación es clarísima: como máxima autoridad ejecutiva y la cabeza en la cadena de órdenes de ambas fuerzas, es la principal responsable de cualquier acción efectuada por éstas. Esta situación, combinada con la emisión del DS 4078, que eximía de responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas, considerando “la seguridad y estabilidad de la República, el honor y soberanía nacional”, impide que se puedan imaginar escenarios en los que se pueda eximir de culpa a la ex mandataria y a los demás acusados.
Serán varias las discusiones sobre este tópico, pero no me cabe duda de que la justicia boliviana tiene la responsabilidad más grande, y deberá afrontarla con la mayor celeridad, probidad e independencia posible. No deberá enfocarse únicamente en la sanción (o absolución) que, si bien es importante y necesaria, no aporta a la reparación y resarcimiento de las víctimas y sus familiares, que peregrinan ante un gobierno que se ha servido de esta tragedia para fortalecer su discurso político, y ha aplazado su atención por años. Las acciones y determinaciones que vaya a tomar serán esenciales para aplacar su sufrimiento, y también podría ser un precursor para sanar la herida de polarización que hemos sufrido como sociedad. Este puede ser el momento de sanar el temor, ira y miedo que nos han generado.
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Daniel Espinoza es abogado y politólogo, comprometido con la defensa de los derechos humanos.
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