El fiscal General interino Armando Urioste. Foto archivo
Ante una consulta periodística, el fiscal general interino, José Armando Urioste, respondió: «No permitan que las mafias estén pagando a los medios». Tras estas declaraciones, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) le exigió que presente pruebas de su acusación y evite realizar generalizaciones, al recordar que cualquier responsabilidad es personal.
«Si existen pruebas de que determinados periodistas o comunicadores recibieron dinero de organizaciones criminales para favorecer intereses ilícitos, corresponde que la Fiscalía inicie de inmediato las investigaciones, identifique a los presuntos responsables y actúe conforme a las leyes vigentes, respetando en todo momento el debido proceso y la presunción de inocencia», se lee en un comunicado institucional.
Urioste se refirió al pago a medios durante una conferencia de prensa en Beni, a pocos días de haber sido posesionado como fiscal interino, tras la destitución de Roger Mariaca, acusado de tener vínculos con el narcotráfico. El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset lo llamó su «amigo» y afirmó que le pagaba para permanecer en Bolivia, poco después de su captura en marzo.
«Luchemos contra las mafias; no permitan que las mafias estén pagando a los medios de prensa para desacreditar un trabajo que está empezando», aseguró Urioste ante la consulta de una periodista.
«La ANPB no pretende defender ni encubrir a ninguna persona que haya cometido un delito. Por el contrario, sostenemos que todos los bolivianos, independientemente de nuestra profesión, cargo o condición, estamos sometidos a las leyes y debemos responder por nuestros actos ante la justicia», se añade en el documento de la organización gremial.
Asimismo, la entidad precisó que, si bien los periodistas cuentan con mecanismos de autorregulación para evaluar las faltas a la ética profesional dentro de sus respectivas competencias, es necesario diferenciar entre una falta ética y un delito, «cuya investigación y sanción corresponden a las autoridades competentes».
«Lo que no podemos aceptar es que, a partir de posibles conductas individuales, se ponga bajo sospecha a todo el periodismo boliviano. Las responsabilidades son personales, no colectivas, y ninguna acusación puede extenderse indiscriminadamente a los hombres y mujeres que ejercen esta profesión con honestidad y compromiso», enfatiza el pronunciamiento.
Por su parte, el diario El Deber informó el lunes que los servicios de Inteligencia de la Policía detectaron que el exfiscal general Mariaca realizaba pagos a supuestos periodistas para recibir respaldo permanente en las coberturas informativas. Según esos informes, esta práctica se volvió habitual desde hace más de dos años, con pagos que se realizaban de forma mensual o anual bajo el denominativo de «pasanaco».
