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La expansión de la actividad minera ilegal en el área urbana de Guanay, en el norte de La Paz, está acompañada de denuncias por avasallamiento de terrenos, destrucción de cultivos y extracción irregular de oro. Pese a los reclamos de afectados y las acciones legales emprendidas, la Fiscalía local rechazó una denuncia penal relacionada con el conflicto, una decisión cuestionada por el productor y exfiscal Jhonny Callaú, quien presentó, junto a los afectados, una objeción para que se revise el archivo de la causa.
Callaú sostuvo que, en sectores como Miguel Dolling, Rosales y los alrededores del puente Coroico, empresas privadas y cooperativas habrían realizado movimientos de tierra y perforaciones bajo el argumento de ejecutar trabajos de descolmatación. “Estas intervenciones, algunas vinculadas a acuerdos con dirigentes vecinales, han excedido ese propósito y permitido actividades de explotación aurífera”, dijo Callaú a ANF.
Uno de los puntos más sensibles es Miguel Dolling, donde comunarios denunciaron que maquinaria pesada cubrió plantaciones de plátano, yuca, cítricos y otros productos con piedras y tierra. Callaú afirmó que algunas familias mantenían la posesión y el aprovechamiento agrícola de esos terrenos desde hacía más de 30 o 40 años.
“Estos hechos configuran los delitos de avasallamiento y daño calificado”, apuntó.
También cuestionó que dirigentes vecinales hubieran promovido la ocupación o el loteamiento de áreas sin contar, según su denuncia, con planos aprobados ni documentación que acreditara derechos sobre los terrenos afectados. Versión que fue confirmada por el entonces alcalde de Guanay Víctor Ticona.
Sin embargo, la Fiscalía de Guanay rechazó la denuncia penal. Frente a esa determinación, Callaú interpuso una objeción de rechazo con el propósito de que una instancia superior revise los fundamentos de la decisión y, si corresponde, disponga la ampliación de las investigaciones.
El exfiscal cuestionó el desempeño del Ministerio Público y denunció presuntas irregularidades en su actuación.
Denuncias anteriores contra la actividad minera
El conflicto tiene antecedentes documentados en denuncias presentadas por autoridades municipales y vecinos. El 10 de noviembre de 2024, el entonces alcalde de Guanay, Víctor Ticona, denunció ante la Fiscalía de La Paz a la empresa Flormining srl, representada en ese momento por Florencio Q. M., por la presunta extracción de oro sin autorización.
Según los antecedentes proporcionados, la empresa había suscrito un contrato con la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), representada por Dagir Núñez y otros dirigentes, para realizar trabajos de descolmatación en la confluencia de los ríos Mapiri y Tipuani. La denuncia mencionaba registros de extracción de 994,5 gramos de oro el 12 de octubre y otros 190 gramos consignados en un acta del 5 de noviembre de 2024. El acuerdo contemplaba distribuir el 25% de la producción a la comunidad y el 75% a la empresa.
El 27 de octubre de 2025, Callaú denunció nuevamente la destrucción de cultivos por el movimiento de maquinaria pesada. A esta denuncia se sumaron comunarios afectados como Angélica S., Jenny T. y Elffi R. Presentaron denuncias contra Flormining srl y contra el dirigente vecinal Ruddy Arenas, por presuntos avasallamientos, daños agrícolas y explotación aurífera irregular.
Riesgos ambientales e inacción institucional
Callaú también advirtió sobre las perforaciones efectuadas en los márgenes y debajo del puente Coroico, que, según su versión, podrían comprometer la infraestructura y agravar los riesgos durante las crecidas de los ríos. Asimismo, denunció la presunta comercialización irregular de diésel y gasolina, que, de acuerdo con su relato, se venderían en el mercado negro a precios de entre 27 y 35 bolivianos por litro para abastecer maquinaria pesada y vehículos indocumentados.
El exfiscal aseguró que se remitieron notas y denuncias al Viceministerio de Medio Ambiente, la Gobernación de La Paz, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, sin obtener una respuesta efectiva para detener las operaciones cuestionadas.
